Ley presupuestal paternalista

Concebir equilibrios en el ejercicio del poder es uno de los principios elementales de todo sistema de gobierno. En el terreno hipotético, quienes lo ostentan tienen el deber de generar consensos por medio del entendimiento y de permitir que el disenso ideológico encuentre puntos de concurrencia. Más importante aún, de respetar los márgenes constitucionales o políticos que le son inherentes.

Empero, las probabilidades de que un escenario como el descrito se concrete casi siempre son mínimas; no sólo por el deseo de control absoluto de los hombres de poder, sino por el desinterés, desgane y/o dejadez de los que, se presume, deben desempeñar el rol de “contrapesos” institucionales.

Desde Montesquieu hasta Bobbio se han escrito cientos de estudios sobre el riesgo de los gobiernos unipersonales, del necesario establecimiento de límites que regulen el comportamiento de los poderosos como condición sine qua non para eludir regímenes autocráticos. Carencia de equilibrios, entonces, se convierte en sinónimo de despotismo y descomposición de entornos democráticos.

Un síntoma de lo anterior es el control que se pretende ejercer sobre los poderes y organismos autónomos con la recientemente aprobada Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable. Y es que dicha ley presenta modificaciones poco ortodoxas, mejor dicho paternalistas y antidemocráticas, según la arista desde la cual se observe.

No únicamente por el condicionamiento de recursos para los gobiernos municipales, los poderes Legislativo y Judicial y las instituciones presuntamente autónomas, sino porque promueve la desaparición de los tan necesarios contrapesos en el estado. Se trata, en suma, de un control político y financiero.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al respecto. El Artículo 115, en su fracción segunda, establece que los municipios son autónomos, investidos de personalidad jurídica y libres para manejar su patrimonio conforme a la ley. Lo mismo que sucede con los distintos poderes, son libres de manejar sus recursos conforme sus necesidades y programación presupuestal.

Sin embargo, con la ley aprobada se transgrede la Constitución, se vulnera la independencia de las instituciones y se pone en riesgo el beneficio generalizado de la ciudadanía.

Estamos de acuerdo en que se ejerzan los recursos públicos con trasparencia, pero debe respetarse la autonomía de los poderes, los municipios y los organismos constitucionalmente independientes. De lo contrario se estaría violentando la ley regresando a la época del paternalismo y el control de recursos con una visión patrimonialista.

Es el Congreso del estado el que debe regular impostergablemente este entuerto, pues es el encargado de velar por los intereses de la sociedad, los municipios y las instituciones. No hacerlo implicaría la perdida absoluta de independencia y una transgresión a la división de poderes.

Sin equilibrios, los designios del poder se transforman en un ácido corrosivo, en un dardo venenoso que amenaza con aniquilar todo intento de vida institucional. Por sanidad política es importante tomar conciencia de la realidad y, en consecuencia, tomar decisiones sobre el particular.

En suma, los contrapesos inciden en el desarrollo de toda sociedad, en el respeto de las distintas formas de pensar, pero sobre todo impiden que los gobiernos se extralimiten, transgredan la legalidad e incluso vulneren las garantías sociales. Esperemos con paciencia que este hecho no convierta a Puebla en tierra de un sólo dueño. Sería desafortunado para todos los poblanos.

Información del autor

Pablo Fernandez del Campo

Poblano, padre de familia, maratonista, abogado, contador público y maestro en políticas públicas.

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