Ley General de Seguridad Vial

Los preceptos de ONU-Hábitat sobre prosperidad urbana están vinculados a una nueva visión de la ciudad en el siglo XXI, donde el centro es el ser humano, y, por lo tanto, la prosperidad rescata valores de solidaridad, pertenencia y colectividad.

Para lo cual, es esencial crear ciudades más equitativas, sustentables, saludables y productivas, que permitan que todas y todos vean materializados sus anhelos como colectivo en este territorio común que compartimos llamado ciudad.

Donde la movilidad es un eje estratégico para lograr condiciones de prosperidad urbana, con transporte público eficiente y con accesibilidad universal, así como situaciones adecuadas y de seguridad para el peatón y ciclista.

En esa congruencia la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, determina que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego, entre otros principios de política pública, al de accesibilidad universal y movilidad, donde se debe promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado. Lo anterior se desprende del artículo 4 en su fracción X, del referido ordenamiento legal.

El mismo ordenamiento señala que las políticas y programas de movilidad deberán, procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada. Así lo refiere el artículo 71 fracción I de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

En esa misma congruencia de políticas y programas de movilidad, en las cuales se debe procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima interconexión entre vialidades, es posible hacer referencia a la resolución A/64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que proclamó el periodo 2011-2010, como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales, en accidentes de tránsito en todo el mundo, fortaleciendo las actividades en los planos nacional, regional y mundial en materia de seguridad vial.

De dicha resolución, se desprende el Plan Mundial de la Seguridad Vial que pide a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, basándose en los ejes siguientes; gestión de seguridad vial; la infraestructura vial; la seguridad de los vehículos; el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y; la atención después de los accidentes.

Es así que el 27 de septiembre de este año, se presentó la Iniciativa de Ley General de Seguridad Vial, en la Cámara de Diputados, de la que estaremos pendientes en su discusión.

Información del autor

Pablo Fernandez del Campo

Poblano, padre de familia, maratonista, abogado, contador público y maestro en políticas públicas.

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