Exhorto Profeco

El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que toda persona tiene derecho a recibir educación. Asimismo, señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por otro lado, es necesario hacer referencia a la Ley Federal de Protección al Consumidor –ley de orden público e interés social–, cuyo objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Esta ley determina, en su artículo 1°, que son principios básicos en las relaciones de consumo la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor; la educación y divulgación sobre el consumo; la información sobre los diferentes productos y servicios; la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales; el otorgamiento de información a los consumidores para la defensa de sus derechos; la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo; la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; la libertad de construir grupos.

El Artículo 8 de la misma ley –mediante la Procuraduría Federal del Consumidor– verifica que se respeten los precios máximos, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

De igual forma, el Artículo 20 señala que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

El mismo ordenamiento refiere que la Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación y monitoreos –o por cualquier otro medio– el cumplimiento de la ley. Donde las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar la información o documentación necesaria que les sea requerida.

La exposición anterior se debe a que el próximo mes inician las clases en todo el país y los padres y madres de familia tendrán que adquirir la lista escolar –uniformes, útiles, mochilas, calzado, libros y artículo de papelería–, y se enfrentarán al alza de precios de algunos establecimientos –algunos irracionales por la excesiva demanda de los productos–.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de la INEGI, en 2016 se presentó un continuo incremento porcentual llegando hasta el 12.4% del gasto de los hogares destinado a la educación.

Por ello, con el fin de mantener una calidad de vida en los hogares, se hace necesario incidir, desde esta Soberanía, para pedir respetuosamente al delegado de la Profeco en la entidad que, en uso de sus atribuciones, realice los operativos tendientes y acuda a los comercios que ofertan las listas escolares y demás productos que piden a los padres de familia para el regreso a clases. Esto con la finalidad de verificar que los precios sean los previamente establecidos y que no exista incrementos injustificados, para así evitar prácticas que atenten contra el gasto de las familias y mantener su bienestar, lo cual –sin duda– se verá reflejado en su calidad de vida.

Información del autor

Pablo Fernandez del Campo

Poblano, padre de familia, maratonista, abogado, contador público y maestro en políticas públicas.

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