Dia del peaton puebla

Seguridad Vial para todos

No contamos con una legislación vigente que resuelva la grave problemática.

El próximo 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud en memoria de la primera muerte registrada en 1897, cuando Bridget Driscoll, una ciudadana de Londres, fue atropellada por un vehículo a motor. Esta conmemoración tiene como finalidad difundir una cultura vial, reforzar el uso de los espacios peatonales, promover el respeto, así como recordar las obligaciones que implica la circulación a pie.

Desde hace más de cuatro años, la sociedad civil y especialistas en la materia de seguridad vial han trabajado una iniciativa de ley que tiene como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros. Sin embargo, a la fecha dicha iniciativa ha sido víctima de la parálisis legislativa y se encuentra en la congeladora, es decir, donde van a parar las iniciativas que aún siendo importantes para la sociedad, no lo son para las prioridades e intereses de los que deciden. El que se implementen políticas públicas en dichas materias, con incidencia en el presupuesto y su evaluación constante, es algo necesario. Una seguridad vial planeada, asegura el desarrollo urbano sustentable y mejora la calidad de vida de las personas, siendo esta última la principal responsabilidad de todo legislador. Asimismo, debe existir un esfuerzo coordinado para concientizar a la sociedad en general acerca de la importancia que la seguridad vial tiene para las personas.

Cabe resaltar que este tema ha sido impulsado de manera importante por la sociedad civil, a través de distintas organizaciones que han aportado estudios, análisis y propuestas que han abonado a dicha iniciativa. El principal objetivo de estos esfuerzos ha sido el dotar a la sociedad de un instrumento jurídico que proteja la vida e integridad física de todas las personas: peatones, ciclistas y usuarios de otros modos de transporte no motorizado, motociclistas, usuarios del transporte público y automovilistas; evitando la muerte, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.

Actualmente no contamos con una legislación vigente que resuelva la grave problemática que representan los accidentes de tránsito y por lo tanto carecemos de procedimientos estandarizados a nivel federal, estatal y municipal; que garanticen el tránsito seguro de las personas por la vía pública.

Dentro de las estadísticas que ilustran el gran tema de la seguridad vial,  y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 destaca que en México actualmente existen 1 millón 462 mil 900 personas con alguna discapacidad a consecuencia de un accidente vial en general, sumándose a este sector anualmente 40 mil personas. Asimismo, Los accidentes de tránsito le cuestan al país alrededor del 1.7% del PIB, equivalente a $150 mil MDP, por pérdida de productividad, daños materiales, así como atención médica y hospitalaria. El Estado Mexicano al implementar un cuerpo normativo que emita las herramientas necesarias para tener una política enfocada a la prevención y la disminución de muertes, discapacidades y lesiones, podría redistribuir esta cantidad a otras necesidades nacionales.

Por otra parte, las noticias por accidentes viales son catastróficas y cada vez más continuas. Basta recordar el lamentable atropellamiento mortal del que fue víctima Manu (Emanuel Vara Zenteno, funcionario de la Secretaria de Movilidad del ayuntamiento) el pasado mes de noviembre.

El principal objetivo de esta ley es dotar al país de un nuevo marco jurídico en esta materia, para otorgar beneficios a todos los usuarios de las vías públicas, pero principalmente promover la visión que como Estado y como sociedad debemos tener ante los accidentes de tránsito y que ninguna vida se pierda por el simple hecho de trasladarnos. Todas las medidas que derivan de esta iniciativa, tienen como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros.

Por todo ello, es tan importante llamar la atención del Congreso de la Unión para que priorice, analice, discuta y apruebe la Ley de Seguridad Vial. Para estos fines, desde distintas trincheras de la sociedad civil en el País, se han dado todo tipo de manifestaciones.

En el caso de Puebla este 17 de agosto en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Peatón se está convocando a una caminata pacífica en apoyo ciudadano en apoyo a esta Ley, nuestra ciudad se unirá a este evento en el que participan 10 ciudades del país. La cita es el sábado 17 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Kiosko del Paseo Bravo para caminar hacia el Zócalo de nuestra ciudad.

¡No más muertes viales¡

Una ciudad para disfrutar

En el tratado Política expone Aristóteles sus teorías acerca de la ciudad, con el deliberado intento de que ellas permitan el desarrollo de la vida espiritual hacia la virtud, como posibilidad para conseguir en una meta final la felicidad del individuo; todo ello en «provecho de la comunidad». Estos hombres perfeccionados serán los que habiten su ciudad ideal, concebida como «la comunidad de familias y aldeas en una vida perfecta y suficiente», lo que a «juicio» de Aristóteles representa «la vida feliz y buena»; y describe las «condiciones ideales» que, según él, deberá reunir aquella ciudad, «ninguna de las cuales», añade, son imposibles de alcanzar.

Así como en el sentido aristotélico se busca que las ciudades permitan lograr la felicidad del individuo, es necesario poner medios desde todas las trincheras para hacer que nuestras ciudades sean más habitables, pues se trata del bien superior por el que todos tenemos que ver y exigirle de manera especial al gobierno que haga la parte que le corresponde.

La ciudad es la casa común de todos los que en ella habitamos. En la medida en que está bien planeada, diseñada y administrada es en la medida en que sus habitantes nos sentimos más seguros, confiados y contentos de disfrutarla. Por el contrario, en la medida en que hay caos, inseguridad y desorden, es en la medida en que nos estresa y hace más ineficiente y caótico nuestro día a día. De ahí que desde todos los tiempos siempre se ha procurado dotar ese espacio común que es la ciudad, de los elementos necesarios para el mejor desarrollo de las personas. Sin embargo, muchas son las veces, en las que el descuido, la improvisación, el desorden, la corrupción y la ineficiencia prevalecen.

Una de las características que ONU HABITAT está considerando en el desarrollo moderno de las ciudades es como convertir la ciudad en un espacio para caminar. Se apoya en el libro del arquitecto y urbanista Jan Gehl. Las calles deben invitar a caminar. Una ciudad caminable es una ciudad vital, sostenible, sana y segura. Sin embargo, aunque alentar a las personas a caminar es todo un reto, la buena planificación urbana es determinante para influir en los patrones de uso y comportamiento en la ciudad. Algunos de los principales beneficios de impulsar esta política, tienen que ver con que la economía y el medio ambiente se benefician cada vez que una persona circula caminando o con una bicicleta para realizar sus actividades diarias. Se reduce el consumo de combustibles, se limitan las emisiones de carbono y disminuyen los niveles de ruido. El caminar también genera más interacción entre los habitantes de la ciudad y esto a su vez genera cadenas virtuosas de convivencia. Para ello, es indispensable que la autoridad invierta en infraestructura adecuada y genere condiciones de seguridad y comodidad para los peatones. Es decir, cualquier recorrido a pie o en bicicleta, además de ser cómodo y placentero, tiene que ser seguro. Plantar árboles, ensanchar las veredas, iluminar las calles, son características básicas que deben mejorar en el espacio público de nuestra ciudad. Esto va de la mano con mejorar el mobiliario urbano.

En su libro ciudades para la Gente, Gehl propone lo que se debe adoptar y adaptar para que una ciudad pueda desde la escala humana, cubrir las principales necesidades de sus habitantes. Plantea también que el diseño del espacio determina el desarrollo de una ciudad, y la calidad de vida de sus habitantes; “Primero moldeamos a las ciudades — y luego ellas nos moldean a nosotros.” Esta aseveración es sumamente poderosa, no solo porque establece la necesidad de diseñar proyectos urbanos empezando por la escala humana, sino porque retorna la potestad y la responsabilidad de la construcción de nuestras ciudades al individuo. A ti, y a mí.

Por ello, hago votos para que nuestras autoridades de los 3 niveles de gobierno tomen en cuenta a la persona para el diseño, planeación, organización ejecución de políticas públicas relacionadas con el espacio público y la infraestructura urbana, pues con ellos estaremos garantizando una mejor calidad de vida para los que aquí habitamos.

Ley de Seguridad Vial en Puebla

El entorno de seguridad pública en la movilidad es deficiente.

De acuerdo con los resultados del Índice de Movilidad Urbana (IMU), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) –que se presentó en enero de 2019–, nuestro estado es una de las entidades del país que está sin políticas públicas para incentivar la movilidad, y su gobierno local tiene una baja apuesta por invertir en infraestructura de conectividad.

En este índice, 21 municipios de Puebla fueron evaluadas junto con 19 ciudades más de Tlaxcala, para dar un total de 40 regiones que conforman la zona Puebla-Tlaxcala. En el rango nacional, la región Puebla-Tlaxcala se posicionó en el lugar 15 de 20, con un desempeño “Medio Bajo”, al presentar bajas calificaciones en temas como: transporte seguro, eficiencia y transparencia gubernamental, regulación y políticas públicas, así como economía dinámica y competitiva.

Lo anterior determinó que, en Puebla, el entorno de seguridad pública en la movilidad es deficiente, ya que existe una alta percepción de inseguridad en los distintos medios de transportes, impulsando la necesidad de cambiar los hábitos de transporte.

De igual forma, el desempeño de los 21 gobiernos locales resultó reprobado, así como el manejo de los recursos públicos que estos han destinado al transporte e infraestructura de sus respectivas ciudades.

En miras de esto, diversas organizaciones civiles y especialistas se unieron para presentar una iniciativa de Ley General de Seguridad Vial con la finalidad de proteger la vida, integridad física y la seguridad de la población.

La ley debe estar construida bajo el elemento más importante: los derechos del peatón. Así como el libre acceso de las personas con discapacidad que también encuentran serios obstáculos para trasladarse de un lugar a otro.

Para la elaboración y aprobación de la ley es necesario escuchar a todos los actores involucrados. Por ello, el Senado de la República abrió foros para enriquecer el proyecto de Ley General de Movilidad, pues es necesario iniciar un debate importante y profundo sobre la modernización de las formas de transporte, traslado y tránsito que hay en las ciudades para construir urbes mucho más amplias, incluyentes, seguras, saludables y ecológicas, que no se enfoque exclusivamente en el tránsito de los automóviles particulares.

El objetivo del foro es intercambiar puntos de vista, recoger información, contrastar opiniones de la sociedad civil, legisladoras, legisladores y de funcionarios de gobierno.

Este contó con la participación del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza; secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Puebla, Antonio Peniche; Secretario de Comunicación de Tlaxcala, entre otros. Además de Armando Pliego Ishikawa, jefe del Departamento de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, quien ha estado activo en nuestro estado para buscar una mejor movilidad y respeto a los ciclistas y peatones.

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Bolsas de plástico

Las bolsas de plástico fueron introducidas en 1970 y, rápidamente, se hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas.

Éstas son objetos cotidianos utilizados para trasladar o guardar productos; el plástico es frecuente en nuestras vidas, hay por todos lados, abundan y más, me atrevo a decir, en nuestras casas, pues son una de las formas más comunes de acondicionamiento de la basura doméstica.

Admitamos que son un invento muy práctico, pero también son, lamentablemente, una fuente importante de desperdicio y contaminación en nuestro planeta. Están hechas de etileno, un subproducto del petróleo o del gas natural.

Las bolsas plásticas plantean riesgos para la salud de las poblaciones humanas. Y no sólo es en tierra, han contribuido, en gran medida, a una enorme cantidad de desechos de plástico encontrados en los mares y océanos.

El promedio de uso de una bolsa plástica es alrededor de 12 minutos y el impacto ambiental que se genera en el planeta alcanza los mil años, tiempo que tarda una sola bolsa para desintegrarse por completo, esto representa un terrible problema para el planeta, puesto que no nos alcanzarían los años para destruir las 97 mil toneladas de residuos que se producen cada año.

Está claro que hay un problema muy grave con las bolsas de plástico, y para eliminar o disminuir este problema, en Puebla ya buscan sancionar su uso: el ayuntamiento capitalino presentó una propuesta para modificar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para incluir sanciones y términos que promuevan la reducción del uso de plástico, bolsas y popotes, fundamentalmente, aunque tampoco se descartaron materiales como el unicel. Y en el Congreso local se plantea transitar a un modelo punitivo para aplicarlo en todo el estado.

Sin embargo, no hay que dejar todo a la acción política, como ciudadanos podemos ayudar a disminuir en gran medida el uso del plástico:

  – Informémonos sobre cómo las bolsas de plástico afectan el mundo, a la salud humana y animal.

  – Usemos bolsas de compras reutilizables.

– Si tenemos bolsas de plástico en casa, volvamos a utilizarlas todo el tiempo que podamos.

  – Rechacemos las bolsas de plástico en el mostrador de caja y recordemos llevar siempre nuestra bolsa reutilizable –o reutilizar una bolsa de plástico–.

Ley General de Seguridad Vial, casi una realidad

El pasado 21 de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Este caso, como muchos otros, se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días.

Las cifras oficiales –presentadas en Animal Político– revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y el dato, año con año, va en ascenso. De acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tienen su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.

Por ello y desde hace cinco años, expertos y ciudadanos –agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos– trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que buscan establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de vía pública, desde peatones hasta automovilistas.

De acuerdo con Animal Político, la iniciativa se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y Senadores.

Esta Ley se sustenta en cinco principios rectores:

1. Gestión de la seguridad vial

2. Comportamiento de usuarios en vía pública

3. Vehículos seguros

4. Atención medica prehospitalaria

5. Infraestructura vial adecuada

Las medidas e innovaciones que incluirá la Ley General de Seguridad Vial se encuentran:

• Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad – la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.

• Licencias homologadas… y con examen – se plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores; para ello, se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país.

• Alcoholímetro más estricto y para todos –se establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad.

• Datos duros, confiables y transparentes – también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas más precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y, a su vez, la transparentará periódicamente.

• Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas – se establece lineamientos generales para que, a partir de su promulgación y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.

• Coches más seguros y contra daños a terceros – se ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que fabriquen en México, independientemente de la marca.

• Velocidades máximas homologadas – busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria, independientemente de la entidad federativa de la que se trate.

• Fondo Nacional de Seguridad Vial – se contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.

• Atención médica prehospitalaria – se establecerá, claramente, que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.

Una vez creado este marco regulatorio, se podrán asignar –desde la Federación– recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.

Nueva etapa para Puebla

Desde el proceso de las elecciones llevadas a cabo el 1 de julio, el resultado obtenido y el proyecto presentado ante el Pleno del Tribunal Electoral para su anulación, Puebla ha estado en un ambiente atizado de reclamos públicos.

Sabemos que existen diferentes opiniones y posturas, que en algunos hay enojo e incluso indignación. Pero más allá de la opinión que cada quien pueda tener en lo particular, es necesario reconocer las decisiones que toman las instituciones, pues de lo contrario nos polarizamos en luchas estériles en donde el único perdedor es Puebla y los poblanos. Han pasado más de 4 meses de incertidumbre ante los cuestionamientos e impugnaciones de los que fue objeto la elección al Gobierno del Estado, con la parálisis que implica en todos los aspectos.

Por eso, es urgente que todos trabajemos desde la concordia y reconozcamos a las autoridades que ya han sido electas y a las que ya se encuentran en funciones para, de esa forma, exigirles que hagan la parte que les corresponda. Demandamos seguridad, estabilidad, diálogo y condiciones de equidad e igualdad para los poblanos.

Somos una sociedad comprometida con nosotros mismos y con nuestro estado. Somos una sociedad que está a la altura de los retos. Somos una sociedad responsable. Somos una sociedad organizada y participativa. Una sociedad que sabe reponerse y salir de cualquier adversidad, de ahí la importancia de hacer cada quien la parte que nos corresponde.

Como ciudadanos y desde nuestra trinchera debemos seguir trabajando, luchando y aportando nuestro granito de arena para acabar con los males que nos afectan; ser solidarios y ofrecer soluciones a los problemas más urgentes. Construir un espacio en el que todas y todos seamos parte de los beneficios del desarrollo.

Retomemos nuestro papel activo, nuestro papel como la voz fuerte y clara en las decisiones más importantes. Si queremos un estado con mayores oportunidades y con menos desigualdades, seamos una sociedad más abierta y más cercana.

Es momento de convocarnos y contribuir con trabajo y esfuerzo al fortalecimiento de Puebla, estado lleno de historia, cultura y tradiciones. De regresarlo como referente nacional. Necesitamos cambiar lo que no nos gusta y hacer que permanezca lo que nos llena de orgullo.

Somos unos ciudadanos que tenemos mucho que aportar. Sabemos que habrá momentos difíciles, pero serán oportunidades para cambiar y para mejorar.

Todos tenemos una gran tarea por delante en esta nueva etapa para Puebla.

Resiliencia urbana: una vía para avanzar

El concepto “resiliencia” proviene de ciencias como la Ecología, la Psicología o la Resistencia de materiales; ahora se aplica a casi todos los aspectos de la vida, incluyendo el hábitat humano por excelencia: la ciudad.

Al respecto, cabe destacar que la “resiliencia” es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Si aplicamos este concepto a cualquier asentamiento humano podemos intuir los beneficios que puede representar para cualquier ciudad y sus habitantes.

El programa de ciudades resilientes de ONU-Hábitat define a las ciudades resilientes como aquellas que tienen la capacidad de recuperarse rápido de los impactos que sufre el sistema. Esta definición se basa en la concepción de la urbe como un sistema de sistemas, un ente complejo que, a similitud del cuerpo humano, requiere del buen funcionamiento de los distintos órganos para gozar de buena salud.

Todos los asentamientos humanos sufren impactos cada día. Las ciudades son vulnerables a efectos severos provocados por conmociones y presiones de origen natural o humano: pequeñas interrupciones en el suministro de agua o electricidad, huelgas que afectan al comercio o al transporte público, averías o los propios trabajos de mantenimiento que generan molestias a los usuarios. Otras veces las ciudades experimentan crisis y desastres, como inundaciones o tormentas, que a su vez originan perdidas económicas y, en el peor de los casos, daños a las personas.

A día de hoy las ciudades y sus habitantes se enfrentan a más desafíos debido a los efectos de la urbanización masiva, el cambio climático y la inestabilidad política.

Las consecuencias de cada crisis dependen de la preparación de la ciudad para hacer frente a determinados impactos y de la manera en que la ciudadanía percibe y reacciona ante ellos. Estos factores son extremadamente variables y dependen de valores tan dispares como el buen funcionamiento de los sistemas o el grado de tolerancia que cada sociedad muestra ante los acontecimientos.

Por ello, existe la necesidad apremiante de construir nuevas herramientas y planteamientos que den poder a los gobiernos locales y a los ciudadanos, así como que incrementen su capacidad para afrontar nuevos desafíos protegiendo mejor a los humanos, al igual que a los activos económicos y naturales de nuestros pueblos y ciudades.

En consecuencia, en Puebla es necesario que se generen políticas públicas desde el desarrollo urbano que hagan posible la resiliencia de las ciudades asentadas en nuestro estado, que se anticipen a las tendencias del futuro para así encararlas con mayor eficacia: desde construcciones más resistentes a los desastres, mayor densidad poblacional y menor consumo de energía hasta la creación de sólidos fondos financieros y capacidades de construcción.

La resiliencia urbana no es solamente una política o un programa, es la integración de un conjunto de capacidades, recursos, estrategias y decisiones en conjunto, es decir, un proceso y un producto:

−Conocimiento local

−Colaboración de actores clave

−Visión a largo plazo

−Intervenciones estratégicas

−Aprendizaje continuo

En suma, la resiliencia urbana se trata de adaptación y transformación.

Ciudades sustentables: una opción necesaria para el futuro

El desarrollo sustentable es la capacidad de una sociedad para seguir funcionando indefinidamente sin ser forzada a declinar por el agotamiento o sobrecarga de los recursos fundamentales de los cuales esta depende.

Los criterios que imperan cuando se piensa en una ciudad sustentable es que esta debería sostenerse a sí misma: que todos los recursos que la ciudad requiera sean los que la propia ciudad posee y todos los desechos se manejen dentro de la propia entidad, pero la mitad de la población vive en zonas urbanas, lo que vuelve necesario el abastecimiento responsable de viviendas, transportes y salud.

La rápida urbanización está alarmando a las políticas inteligentes, esto porque las ciudades ocupan únicamente 3 % del planeta, pero consumen 80 % de la energía y producen 75 % de las emisiones de carbono de acuerdo con las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para resolver esta situación la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda las siguientes estrategias para promover mejores ciudades:

  1. Vincular la planeación y el financiamiento de la vivienda y el transporte.
  2. Resolver el problema de la vivienda deshabitada.
  3. Eliminar las barreras al mercado de la vivienda para alquiler.
  4. Mejorar la capacidad institucional para la planeación y el desarrollo urbano.

Además, cabe destacar que la ciudad sustentable implica un cambio en los estilos de vida, en la actitud, en la manera en que utilizamos la ciudad y, en consecuencia, un efecto en la estructura de la ciudad.

Una “ciudad sustentable” es aquella donde existe una adecuada movilidad, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y creación de espacios públicos agradables, donde existan áreas verdes con una gran funcionalidad, especialmente para la recreación.

Un elemento de gran importancia para una ciudad que busca ser sustentable es la implementación de arquitectura bioclimática, la cual consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y del entorno, aprovechando los recursos disponibles como el sol, la vegetación, la lluvia y la dirección del viento a fin de reducir el impacto ambiental de las construcciones.

No obstante, convertir una ciudad en sustentable es más complicado que la simple construcción e incorporación de tecnologías alternativas (como calentadores o paneles solares y edificios), pues para lograr que una ciudad sea sustentable debe ir acompañada de un proceso educativo.

Siguiendo esta línea, y en aras de disminuir su huella ecológica, mejorar la movilidad en la ciudad, reducir la contaminación y gestionar adecuadamente las redes hidráulicas y los sitios de confinamiento de los residuos, muchas ciudades del mundo cuentan con programas de sustentabilidad, los cuales consideran necesario equilibrar tres dimensiones: ambiental, económica y social.

Algunos ejemplos de ciudades con programas de sustentabilidad exitosos son Estocolmo, con el modelo de ecobarrio en Hammarby; Londres, con las viviendas en BedZED y con la construcción del Estadio Olímpico con materiales reciclados; Nantes, ciudad francesa con amplia red de tranvías y autobuses que funcionan con gas natural; Oslo, con su manejo de áreas verdes, aprovechamiento del metano en los residuos para la electricidad y el sistema de vehículos eléctricos; Vancouver, con el transporte compartido y la construcción neutra en carbono; es también ejemplar el caso de Tokio, donde el desperdicio de agua se ha reducido en 60 % en sus redes de distribución.

Si bien los ejemplos más representativos se encuentran en países desarrollados, hay muchas ciudades del país que tienen avances significativos. De acuerdo con el Índice de Sustentabilidad Urbana Monterrey y Guadalajara son las ciudades más sustentables de México. El top 3 se complementa con la Ciudad de México.

En conclusión, las ciudades sustentables son un área de oportunidad para avanzar hacia una mejor calidad de vida. Una ciudad no solo es una capa de concreto, sino un sitio en donde las personas tienen acceso a servicios y cuentan con áreas verdes y zonas de recreación, se trasladan de manera eficaz y son responsables con su consumo. Además, son sitios de desarrollo de tecnología que busca aprovechar al máximo los recursos disponibles y existe una planeación adecuada y un ordenamiento territorial acorde a la situación ambiental de la región. Así pues, las ciudades sustentables son una opción necesaria para el futuro.

Reglamento Ley de Desarrollo Urbano

La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016.

La Nueva Agenda Urbana es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia gama de actores para los próximos 20 años. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbana, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano, la cual estableció los parámetros de un nuevo modelo para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en las entidades federativas.

Los objetivos de esta nueva Ley, son, entre otros: Establecer una estrategia territorial del Desarrollo Nacional y una Política Nacional integrada de desarrollo urbano, que defina y apoye el papel que debe tener cada ciudad y metrópoli. Recuperar la responsabilidad del Estado Mexicano en la conducción de los procesos urbanos y metropolitanos, orientando y controlando a los mercados inmobiliarios. Reconocer el fenómeno metropolitano como parte del desarrollo urbano y dentro del contexto de la planeación del país. Diseñar los esquemas obligatorios de coordinación entre los actores públicos. Así como definir las reglas para reestructurar el sistema de planeación, para que la planeación estatal y municipal reconozcan a las metrópolis como una unidad socio-económica, territorial y ambiental.

Por otro lado, la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su artículo 20 señala que los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo formularán los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demás documentos, disposiciones y ordenamientos legales, los cuales se remitirán al Gobernador del Estado para su análisis y trámite correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado instruya a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, y a la Secretaría General de Gobierno, para que realicen todos los trámites tendientes a la expedición del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano del estado de Puebla.

Asentamientos humanos irregulares

Los asentamientos humanos irregulares son aquellos lugares donde se establece una persona o comunidad que está fuera de las normas que regulan la ordenación de la tierra. Por lo regular son ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas o en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tiene por objeto, entre otros, fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país; señala en sus artículos 1 y 7, de manera específica, la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Democracias Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México de ONU-Hábitat del año 2016, se desprende que, en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2020, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde, muy probablemente, sea la población pobre la que predominará.

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Por la otra, los asentamientos humanos ilegales, informales, irregulares, tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario.

En vista de esos dos escenarios, el reporte señala que México tiene un reto para evitar los asentamientos humanos irregulares y las consecuencias, lo que obliga a los gobiernos en sus ámbitos de competencia a replantarse políticas que eviten la ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular.

Es por ello que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano determina en su artículo 11 fracción I, que corresponde a los municipios, intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos.

Es por ello que presenté ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica Municipal para dar posibilidad a los Ayuntamientos a sancionar a quien autorice Asentamientos Humanos Irregulares.