Protección a personas adultas mayores del estado de Puebla

De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050 la población de las personas de la tercera edad se duplicará, es decir, este grupo pasará de 605 millones a 2 mil millones en el transcurso de medio siglo.

La Organización también señala que muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas, pues en los países desarrollados entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa.

En los centros asistenciales para las personas maduras se cometen actos abusivos, como amarrar de las manos a los pacientes y negarles una buena asistencia. El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración.

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana en asilos o en hospitales.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el Inegi, en Puebla hay 115 mil 435 habitantes con 65 años o más, lo que representa el 7.3% de la población del municipio. La encuesta también revela que en el estado de Puebla hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes.

Uno de los problemas que enfrentan los estados al incrementarse el número de personas mayores es el aumento de marginación y discriminación de los que esta población es víctima.

La marginación y discriminación a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad ya que es un problema social que afecta los derechos humanos de millones de personas mayores y merece la atención de la comunidad internacional.

Para evitar que los adultos mayores sean marginados o discriminados socialmente y se tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades es sumamente necesario reformar la Ley de Protección a los Adultos Mayores del Estado de Puebla.

Esto para incluir la prohibición de marginar o discriminar a los adultos mayores tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, atendiendo a que todos, sin distinción de sexo, raza o edad, tienen derecho a gozar de la ciudad y, por ende, de los espacios públicos.

Por lo anterior, presento ante el Congreso del estado de Puebla la iniciativa que adiciona el artículo 5 bis a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, la cual dicta que ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Drenajes sostenibles

El artículo 115, fracción III, inciso a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los municipios tendrán a su cargo, entre otras cosas, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el inciso a del artículo 104 de la constitución local, determina que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre otros, el de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En otro orden de ideas, es de señalar que el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, refiere que todas las personas -sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física u orientación sexual- tienen derecho a vivir y a disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Entendiéndose por “resiliencia”, según lo previsto en el artículo 3 fracción XXXI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos.

Por otro lado, ONU-hábitat señala que para que existan más ciudades resilientes es necesario seguir una metodología de uso, la cual es cada vez más común por los gobiernos locales y la comunidad internacional.

En esa congruencia, el organismo internacional generó el “Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes”, en el cual introduce diez aspectos básicos, de entre los cuales encontramos, en el aspecto básico 4, la necesidad de que las ciudades inviertan en mantener una infraestructura esencial para la reducción de riesgos, .

En razón de que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física u orientación sexual tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades resilientes; que los municipios, en el ámbito de sus competencias, deben generar estrategias para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano, fomentar la resiliencia urbana, prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; y atendiendo a la recomendación de ONU-hábitat, de establecer sistemas de drenaje adaptados para lidiar con los efectos del cambio climático es necesario exhortar respetuosamente a los ayuntamientos -en los cuales se encuentran asentadas ciudades- a que instruyan a sus áreas competentes para que, previo estudio que arroje los lugares donde es necesario lidiar con las inundaciones ocasionadas por los efectos del cambio climático, implementen en los lugares detectados sistemas de drenaje sostenible que ayuden a mitigar las inundaciones y gestionar la calidad del agua de escorrentía, ello para estar en la posibilidad de gozar de ciudades en condiciones sustentables y resilientes, lo cual será en beneficio de los poblanos y se reflejará en su calidad de vida.

Respirar aire, sin humo de tabaco

Al año mueren 7 millones de personas por sus efectos. Iniciativa para cuidar niños y adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo ajeno.

Señala este organismo internacional, que casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. También refiere que los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico.

El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores, pues el tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas, de las que más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno.

El humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos de tabaco como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer.

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 mil muertes prematuras cada año. En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno.

En México, el número total de muertes anuales atribuibles al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco, 6 de cada diez mexicanos están expuestos al humo del tabaco. Cada hora se consume en México un millón de cigarrillos. La relación por sexo entre los fumadores es de 1/1 mujeres, hombres entre estudiantes de educación media y media superior. Esto según un estudio elaborado por la UNAM, en el 2016.

En nuestra entidad federativa, en el 2017, se reveló que Puebla tanto el estado como la capital son el primer lugar a nivel nacional en el consumo de tabaco en mujeres en la región Centro, esto fue revelado por el doctor Baldomero Zambrano Tobón, neumólogo en el Hospital General Regional número 36 “San Alejandro”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado.

Ahora bien, en el combate a este problema, la Organización Mundial de la Salud, señala que todas las personas deberían poder respirar aire sin humo y que las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas, pues no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar.

Por ello se considera prudente proponer una reforma a la Ley de Protección a los no Fumadores del Estado de Puebla, para incluir en la vigilancia de la misma, la participación de más sectores de la población que coadyuven de manera individual o colectiva en la vigilancia y cumplimiento de la ley, todo ello con el objetivo particular de evitar que niños, adolescentes consuman o adquieran por cualquier medio productos derivados de tabaco.

Garantizar el derecho a la salud, con instalación de bebederos de agua

Se entiende el principio del interés superior del niño o niña, como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

Por otro lado, es de señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989, es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por ello, quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.

En ese tenor, el artículo 4 de la Constitución General, obliga al Estado Mexicano a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y a garantizar el derecho a la protección de la salud. Por otro lado, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en sus artículos 7, 11 y 19, los cuales fueron reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 07 de mayo del año 2014; establecen que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad y oportunidad, con oferta suficiente de agua potable para consumo humano y que para ello deberá garantizarse la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar.

Por ello, el Estado mexicano se encuentra obligado mediante instrumentos legales internacionales y nacionales, a establecer políticas públicas que garanticen el pleno cumplimiento del principio de interés superior de la niñez. En particular, por lo que hace al cuidado y protección de la salud y la alimentación de la niñez.

Cabe señalar que varios son los factores que permiten el sobrepeso y la obesidad, como son, entre otros; el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasas y sal, como pueden ser las bebidas endulzadas y la poca o nula actividad física.

Por ello, se considera necesaria la infraestructura física educativa, con oferta suficiente de agua potable para consumo de los estudiantes, así como mantener y rehabilitar permanentemente las instalaciones destinadas a la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte.

En ese tenor se propone reformar la Ley de Educación del Estado, adicionado un párrafo segundo y recorrer el párrafo segundo al tercero, del artículo 4 de esta disposición, ello, para añadir que se garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación de bebederos en todos los planteles de educación básica y media superior a cargo del Gobierno del Estado. Así como la adición de un último párrafo al artículo 48 del mismo ordenamiento, para agregar que en el gasto educativo del Gobierno del Estado se deberá tomar en cuenta, prioritariamente, el suministro de agua potable a través de bebederos en las instalaciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aunada a la obligación de mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos y el equipo educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, así como el mantenimiento e instalación de bebederos de agua potable.

Políticas a favor de los adultos mayores

La Organización Mundial de la Salud señala que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.

En nuestro país las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que para el año 2050 habrá una población de 150 millones, 837 mil 517 mexicanos, y se estima que más de la cuarta parte serán adultos mayores, cuyo promedio de esperanza de vida será de 79.4 años, 81 .6 años para las mujeres y 77.3 para los hombres. Asimismo, valora que, por cada 100 habitantes en edad laboral, 10 serán personas de 65 años o más.

De acuerdo con el último censo de población en el año 2010, las Entidades Federativas con la mayor población 60 años y más eran, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco y Puebla. Entre estas 5 Entidades concentraban a 4 millones 125 mil 611 adultos mayores.

En nuestro país hasta la primera mitad del siglo pasado se relegó el tema de los derechos sociales de las personas en edad avanzada, no solamente por ser ésta la etapa en que más violaciones a los derechos humanos ocurrieron, sino porque la evolución de políticas orientadas a la promoción de las actividades de las personas adultas mayores fue nula.

Es hasta el presente siglo cuando el país toma conciencia del abandono de las personas adultas mayores y surge el interés por dirigir políticas nacionales concordantes con los acuerdos internacionales vigentes, para diseñar estrategias de información y educación en los temas de su competencia conforme al espíritu garante de los artículos 1 y 4 de la de la Ley Fundamental.

Es así que el 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultos mayores. El artículo 14 del referido ordenamiento señala que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para: determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley; desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. Este dispositivo legal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de noviembre de 2016.

Pese a que el artículo anterior señala atribuciones a nuestra Entidad Federativa y a los Municipios del Estado para realizar acciones en este rubro, la falta de apoyo concreto por parte de los sectores públicos y la carencia de coordinación de autoridades de nuestra entidad en la materia, es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los Adultos Mayores de nuestro Estado; esto pese a que en nuestra Entidad Federativa hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes y que Puebla es la cuarta entidad con más adultos mayores.

Así como el hecho de que la Ley de Protección a las Personas Adultos para el Estado de Puebla carece de la precisión de concurrencias del Estado y del Municipio con la Federación, es decir, falta delimitar los objetivos y acciones a seguir de manera concurrente por la federación el estado y los Municipios.

En razón de lo anterior se considera necesario adicionar un capítulo a la Ley de Protección a las Personas Adultas para el Estado de Puebla, al que se le denominará “de la Concurrencia entre el Estado y los Municipios con la Federación”, capitulo que se compondrá de cuatro artículos en los que se precise la concurrencia de la Federación, con el Estado y los Ayuntamientos para: determinar políticas, ejecuten, den seguimiento y evalúen sus programas; desarrollen mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y promuevan la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Noviembre, mes de la lucha contra el cáncer de próstata

La Organización Mundial de la Salud (OMS) al elaborar su diagnóstico sobre la situación sanitaria internacional 2012 a 2030 determinó que se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente 70 por ciento en los próximos 20 años; que en el 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia para los hombres fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado; que para las mujeres fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago; y aproximadamente 30 por ciento de las muertes por cáncer se derivan de cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

En cuanto al cáncer de próstata, la Unión Internacional contra el Cáncer establece que este padecimiento representa la primera causa de muerte entre los hombres, siendo el rango de edad de quienes lo padecen de 9.3 por ciento entre 70 y 74 años; mientras que 19.7 por ciento corresponde a personas mayores a 80 años y, el 71 por ciento restante uno de cada diez hombres de entre 40 y 70 años de edad.

En México, el cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente en varones mayores de 50 años y representa la primera causa de muerte con una tasa de mortalidad de 13 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología. En el caso de nuestra entidad federativa es de señalar que Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional en muertes derivadas de cáncer de mama y de próstata, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Puebla se registraron durante el 2012 un total de 3 mil 278 decesos por esta enfermedad, y que al menos mil 518 de estos casos fueron en hombres, donde destaca el cáncer de próstata con 261 casos, y el de estómago 149; mientras que en el caso de las mujeres, de los mil 760 decesos que se dieron, los cuadros más recurrentes fueron cáncer de mama con 208, y cérvico-uterino con 200. En nuestra entidad federativa el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en el género masculino, tan sólo después del cáncer de pulmón.

Ahora bien, es de destacar que el cáncer se puede eliminar si se hace una detección a tiempo; por ejemplo, el cáncer de mama, en primer lugar, la autoexploración que deben hacerse todas las mujeres a partir de los 20 años; sin en cambio el varón jamás se hace un antígeno prostático para detectar cáncer de próstata.

De ahí la importancia de la prevención e información para su detección en etapas más tempranas, en donde el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal, pero al diseminarse a otras partes del cuerpo sí puede causar la muerte.

Por ello, esta semana, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer, someteré a consideración del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar la fracción IX al artículo 6 de la Ley Estatal de Salud y determinar que el derecho a la protección de la Salud, tenga, entre otras finalidades la de “establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y atención del cáncer próstata y testicular.”

Los invito a consultar esta Infografia del Cáncer de Próstata para ilustrar mejor el tema.