Impacto ambiental por el uso de plásticos

Los desechos plásticos como bolsas, popotes, vasos, platos y muchos materiales plastificados han afectado permanentemente la conservación de ríos y la lamentable pérdida de algunas especies marinas por su gran contaminación.

La producción de plástico ha superado la de cualquier otro material y la mayoría de los productos que se hacen están diseñados para ser descartados después de un solo uso.

Las bolsas de plástico y los contenedores de espuma hechos de poliestireno pueden tomar hasta miles de años en descomponerse y contaminan suelo y agua. Además, con el paso del tiempo los plásticos se dividen en fragmentos más pequeños llamados micro plásticos que al ser consumidos por animales marinos pueden entrar en la cadena alimentaria humana.

En varios países se están empezando a tomar medidas para terminar con esta afectación del medio ambiente, como Chile en donde acaban de anunciar una ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Perú ahora está en proceso de negocia y determinar con las industrias para la preparación de una ley nacional.

Panamá también se unió a las demandas para proteger el medio ambiente, en donde se prohibieron las bolsas de polietileno y los comercios minoristas y supermercados tienen hasta la mitad de 2019 para adaptarse a la regulación.

Asimismo, Ecuador, Costa Rica, Belice, Bahamas y Bermuda han lanzado medidas y redactando leyes con el mismo propósito.

De acuerdo con ONU-NOTICIAS, si no se toman medidas, para el 2050 existirán cerca de 12,000 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en el océano.

En mérito de todo lo anterior, para evitar más contaminación en mares y ríos a causa de los desechos plásticos, presento la iniciativa en modificación de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y El Desarrollo sustentable del Estado de Puebla, para promover políticas públicas que favorezcan la producción sustentable de las bolsas de plástico.

Es necesario establecer Criterios y Normas de Producción Sustentable que describan los criterios y buenas prácticas de producción sustentable que los fabricantes de bolsas pueden implementar procesos, para minimizar el impacto ambiental en su fabricación.

La propuesta que propongo es muy concreta, por un lado, se le da un nuevo sentido y alcance a la restricción de las bolsas de plástico que se entregan a supermercados, tiendas de autoservicios y demás unidades comerciales que representen un riesgo para el medio ambiente, tales como aquellas elaboradas a base de polietileno de baja y alta densidad, polietileno lineal, polipropileno, polímero de plástico.

Programa para la resiliencia

Derivado del fenómeno del cambio climático, a nivel mundial las inundaciones están aumentando. Su origen es por lluvias, por desbordamiento de ríos, ascenso del nivel del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o bien por las descargas de agua de los embalses.

En nuestro país al menos 22 millones de mexicanos están en riesgo por inundaciones, las cuales generan daños por 250 millones de dólares según la empresa aseguradora Zurich.

Por ello, se pretende aumentar la resiliencia ante inundaciones, lo cual propiciará que las ciudades se repongan más rápido de las contingencias derivadas de estas.

Lo anterior encuentra su fundamento en la Nueva Agenda Urbana en el rubro de promoción de espacios públicos seguros, accesibles, resilientes y ecológicos.

El artículo 2 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano determina que todas las personas tienen derecho a vivir en y a disfrutar de ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático establece la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático.

Por lo anterior, presento la iniciativa que adiciona fracciones del artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal para formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que deberá incluirse formular programas para la medición de la resiliencia entre inundaciones y derivadas del cambio climático.

Terapia física

La atención de la salud se debe priorizar para mejorar las condiciones de salud de las personas a través del cuidado especializado.

Una de las formas de mejorar la salud de las personas es la rehabilitación, la cual ayuda a devolver un estado de salud óptimo y acceso a una vida plena en todos los sentidos.

Es importante mencionar que la tendencia mundial ubica a la rehabilitación como una profesionalización. Es así que, hoy, la profesionalización de la fisioterapia es un hecho, pues académicamente ya existen instituciones que la reconocen como tal.

La Confederación Mundial de Terapia Física define que la fisioterapia es la “profesión cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en el proceso de evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional e intervención fisioterapéutica para prevenir o remediar limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento”.

A nivel nacional, se contabilizan cerca de 20 instituciones de educación de nivel superior que cuentan con el programa de estudios de Licenciatura en Terapia Física. Esto quiere decir que, en el campo de las profesiones, los egresados ya son reconocidos por las autoridades educativas en el país como profesionistas y no solo como auxiliares técnicos.

En ese sentido y a efecto de armonizar la ley local con la federal, se hace necesario reformar el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud para incluir dentro de las actividades profesionales a la terapia física.

Por lo anterior, presento la Iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud:

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina –odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, optometría y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables– se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización o de profesional técnico hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Protección a personas adultas mayores del estado de Puebla

De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050 la población de las personas de la tercera edad se duplicará, es decir, este grupo pasará de 605 millones a 2 mil millones en el transcurso de medio siglo.

La Organización también señala que muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas, pues en los países desarrollados entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa.

En los centros asistenciales para las personas maduras se cometen actos abusivos, como amarrar de las manos a los pacientes y negarles una buena asistencia. El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración.

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana en asilos o en hospitales.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el Inegi, en Puebla hay 115 mil 435 habitantes con 65 años o más, lo que representa el 7.3% de la población del municipio. La encuesta también revela que en el estado de Puebla hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes.

Uno de los problemas que enfrentan los estados al incrementarse el número de personas mayores es el aumento de marginación y discriminación de los que esta población es víctima.

La marginación y discriminación a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad ya que es un problema social que afecta los derechos humanos de millones de personas mayores y merece la atención de la comunidad internacional.

Para evitar que los adultos mayores sean marginados o discriminados socialmente y se tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades es sumamente necesario reformar la Ley de Protección a los Adultos Mayores del Estado de Puebla.

Esto para incluir la prohibición de marginar o discriminar a los adultos mayores tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, atendiendo a que todos, sin distinción de sexo, raza o edad, tienen derecho a gozar de la ciudad y, por ende, de los espacios públicos.

Por lo anterior, presento ante el Congreso del estado de Puebla la iniciativa que adiciona el artículo 5 bis a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, la cual dicta que ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Asentamientos humanos irregulares

Los asentamientos humanos irregulares son aquellos lugares donde se establece una persona o comunidad que está fuera de las normas que regulan la ordenación de la tierra. Por lo regular son ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas o en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tiene por objeto, entre otros, fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país; señala en sus artículos 1 y 7, de manera específica, la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Democracias Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México de ONU-Hábitat del año 2016, se desprende que, en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2020, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde, muy probablemente, sea la población pobre la que predominará.

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Por la otra, los asentamientos humanos ilegales, informales, irregulares, tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario.

En vista de esos dos escenarios, el reporte señala que México tiene un reto para evitar los asentamientos humanos irregulares y las consecuencias, lo que obliga a los gobiernos en sus ámbitos de competencia a replantarse políticas que eviten la ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular.

Es por ello que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano determina en su artículo 11 fracción I, que corresponde a los municipios, intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos.

Es por ello que presenté ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica Municipal para dar posibilidad a los Ayuntamientos a sancionar a quien autorice Asentamientos Humanos Irregulares.

Desarrollo Social en los Municipios del Estado

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la política social tiene por objetivo promover la protección social universal y la igualdad; por ende, la labor de este organismo internacional, consiste en fomentar la cooperación internacional de conformidad con la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social.

Refiere este organismo internacional, que el Desarrollo Social abarca un amplio abanico de ámbitos entre los que se encuentran: la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la cooperación, el envejecimiento de la población, la juventud, la familia, la integración social, la discapacidad, los pueblos indígenas y la sociedad civil.

En México, la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales; en la actualidad el artículo 26 inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, cuyo objeto, es entre otros, garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, determina la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas, en materia de desarrollo social.

Ahora bien, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de enero de 2018, se reformo el artículo 40 de la ley en comento, con el objetico de establecer que las legislaturas de las entidades federativas y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

Derivado de lo anterior, con el objeto de homologar la norma local a la federal, se hace necesario reformar la fracción X y recorrer el contenido de la actual fracción X a una nueva fracción a la que se le dará el número XI, del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, para determinar que los Ayuntamientos de los Municipios, podrán emitir la reglamentación, acuerdos, y demás disposiciones administrativas, en materia de desarrollo social, necesidad que también se justifica en el hecho de que en la actualidad la fracción VIII, del mencionado artículo, solo señala que los ayuntamientos podrán sugerir, en congruencia con la legislación, normatividad en materia de Desarrollo Social, siendo que la norma federal es clara al señala que los ayuntamientos podrán emitir norma en materia de desarrollo social.

Por ello, esta semana presentaré ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma, a Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla, en ese sentido, lo cual sin duda será en beneficio de los poblanos y se reflejará en su calidad de vida.

Políticas públicas para la resilencia

ONU-HÁBITAT, señala que el 80% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y todas enfrentan los nuevos impactos causados por el cambio climático. Señala este organismo que el costo de los desastres urbanos, en 2011, ascendió a más de 380 mil millones de dólares.

Por ello ONU-HÁBITAT señala que una de las herramientas que ayudan a proteger los recursos de los pueblos y ciudades, ante los desastres naturales, es la resiliencia, la cual alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible, que la resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior.

Nuestro país no es ajeno a los desastres naturales, en el tema específico de los sismos, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables, los más recientes fueron los del 7 y el del 19 de septiembre del año pasado, los cuales sacudieron de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y los declarados zona de desastre, Oaxaca y Chiapas.

En nuestra entidad federativa, después del sismo del 19 de septiembre del año próximo pasado, la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de Emergencia Extraordinaria para 112 municipios, a casi 10 horas del movimiento de magnitud 7.1 grados Richter, la secretaria hizo la declaratoria para la mayoría de municipios de la zona centro, sur, sureste y suroeste del Estado, que fue la principal zona afectada por su cercanía al epicentro en Axochiapan, Morelos.

Lo anterior pone en evidencia que en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa es necesario se generen políticas públicas desde el desarrollo urbano, que hagan posible la resiliencia de las ciudades asentadas en nuestra entidad federativa, que se anticipen a las tendencias del futuro para así encararlas con mayor eficacia, desde construcciones más resistentes a los desastres, mayor densidad poblacional y menor consumo de energía hasta la creación de sólidos fondos financieros y capacidades de construcción.

Políticas públicas, que se plasman, entre otros instrumentos, en el plan de desarrollo urbano, el cual, es un documento técnico que contiene el ordenamiento territorial, las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de la ciudad.

Planes que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, deben considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, así como las medidas y criterios en materia de Resiliencia. Ello con el objeto de gozar de ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Por ello se considera necesario incidir desde el Congreso del Estado, para promover una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, ordenamiento que rige la vida de los Municipios, y en los cuales se encuentran asentadas ciudades, para incluir que el la expedición de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, se incluyan las medidas y criterios en materia de Resiliencia. Con lo cual se pretende lograr ciudades capaces de recuperación rápida en caso de desastres provocados por fenómenos naturales, es decir, ciudades resilientes, hecho que sin duda se verá reflejado en la calidad de vida de los poblanos.

Alarmas sísmicas obligatorias en puntos estratégicos

El término desastre natural se aplica para hacer referencia a aquellos eventos donde intervienen fenómenos naturales, como pueden ser los huracanes o sismos; sin embargo, el concepto pasa por una construcción social, la cual enuncia las amenazas y riesgos que tienen dichos fenómenos para el ser humano, presentándose ante una situación de incapacidad para hacerles frente. De este modo, lo único natural que existe en los llamados desastres naturales es propiamente el fenómeno a partir del cual los desastres se manifiestan por las desigualdades sociales y el desarrollo de los asentamientos humanos donde se presentan.

Dicho de otro modo, son las implicaciones que tienen para el ser humano los procesos naturales, ya que estos son inevitables; sin embargo, es la propia persona quien construye las amenazas y puede prevenir mayores tragedias durante estos procesos de la naturaleza.

En los desastres naturales, un aspecto fundamental es la prevención, el cual se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Se refiere al conjunto de actividades técnicas y sociales, íntimamente relacionado con generar agentes que permitan disminuir los riesgos ante un escenario amenazante.

Reducir los riesgos implica no solo una responsabilidad de las autoridades, sino un ejercicio colectivo de todas las comunidades que reconocen sus vulnerabilidades y toman medidas para disminuir el impacto que un evento natural puede ocasionarles. Por tal razón, la cultura de la prevención lleva un camino paralelo: contar con las herramientas necesarias, y conocimiento social para saber qué acciones realizar frente a un acontecimiento natural y así disminuir daños.

En México, las acciones de protección civil iniciaron su consolidación inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre de 1985, antes de este evento no se distinguen estudios significativos sobre riesgos, el terremoto de 8.1 grados ha sido el desastre más documentado y abrió la ventana para una serie de investigaciones relacionadas a los desastres naturales.

A partir de eso, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables y que deberían ser tomadas en cuenta para el desarrollo de mecanismos de prevención, eficientes y eficaces para la mitigación de daños.

Como parte de la prevención de los desastres naturales, se han instrumentado una serie de acciones, de entre las cuales encontramos la instalación de alarmas sísmicas en diversos puntos estratégicos, como edificio públicos.

Lo cual es un gran avance en materia de prevención, n obstante no todas las personas se encuentran en todo momento en edificios públicos para poder percibir las alarmas sísmicas, además las mismas son instaladas en el caso de que las administraciones públicas lo determinan y mediante algún programa.

Por ello se considera necesario que las alarmas sísmicas sean obligatorias, en diversos puntos estratégicos de nuestra entidad, las cuales deberán ser instaladas por las autoridades locales o municipales, autoridades que tienen atribuciones en materia de protección civil.

En ese sentido esta semana presentare ante el Congreso del Estado una Iniciativa de reforma la ley del sistema estatal de protección civil, para que se establezca como obligación de la administración pública tanto estatal como municipal, la instalación de sistemas de alarma audible y visible, en puntos de la ciudad, geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo.

Respirar aire, sin humo de tabaco

Al año mueren 7 millones de personas por sus efectos. Iniciativa para cuidar niños y adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo ajeno.

Señala este organismo internacional, que casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. También refiere que los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico.

El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores, pues el tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas, de las que más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno.

El humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos de tabaco como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del tabaco contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos, y más de 50 causan cáncer.

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 mil muertes prematuras cada año. En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno.

En México, el número total de muertes anuales atribuibles al tabaquismo por enfermedades asociadas, es de más de 53 mil, lo que equivale a que 147 mexicanos mueren diariamente por enfermedades causadas por el tabaco, 6 de cada diez mexicanos están expuestos al humo del tabaco. Cada hora se consume en México un millón de cigarrillos. La relación por sexo entre los fumadores es de 1/1 mujeres, hombres entre estudiantes de educación media y media superior. Esto según un estudio elaborado por la UNAM, en el 2016.

En nuestra entidad federativa, en el 2017, se reveló que Puebla tanto el estado como la capital son el primer lugar a nivel nacional en el consumo de tabaco en mujeres en la región Centro, esto fue revelado por el doctor Baldomero Zambrano Tobón, neumólogo en el Hospital General Regional número 36 “San Alejandro”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado.

Ahora bien, en el combate a este problema, la Organización Mundial de la Salud, señala que todas las personas deberían poder respirar aire sin humo y que las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas, pues no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar.

Por ello se considera prudente proponer una reforma a la Ley de Protección a los no Fumadores del Estado de Puebla, para incluir en la vigilancia de la misma, la participación de más sectores de la población que coadyuven de manera individual o colectiva en la vigilancia y cumplimiento de la ley, todo ello con el objetivo particular de evitar que niños, adolescentes consuman o adquieran por cualquier medio productos derivados de tabaco.

Antecedentes no penales gratuitos para estudiantes y desempleados

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del INEGI, informó que en los primeros tres meses del 2017 la población desocupada en el país se situó en 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente (TD) fue de 3.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor al 4 % de igual trimestre de 2016.

Sin embargo, al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 3.9 %.

Según el INEGI, la ocupación muestra distintos grados de intensidad según sea la perspectiva desde la cual se le observe. Una de estas es la que se refiere a la población con trabajo cero que se ubica entre la población ocupada y la no económicamente activa, es decir, población desocupada, la cual no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo. Al interior del país, las tasas de desocupación más altas fueron de Tabasco, con 6.8 %; Baja California Sur, 4.8 %; Coahuila de Zaragoza y Tamaulipas, con 4.6 % cada una; el Estado de México, 4.1 %; Durango, 4 %, y Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, con 3.8 % respecto a la PEA.

Por lo que hace a nuestra entidad federativa, en octubre del año pasado, según datos del INEGI, la tasa de desempleo de Puebla se ubicó en 2.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

La tasa de desempleo de 2.8 por ciento registrada en Puebla equivale a 77 mil 516 personas que no laboran en la entidad. Sin embargo, pese a los datos arrojados por el INEGI, el año pasado, el 52 por ciento de los poblanos padece pobreza laboral, según reveló el observatorio económico “México ¿cómo vamos?”.

Ahora bien, en el largo camino de los aspirantes a un empleo se encuentran un sinnúmero de requisitos, que en ocasiones son solo para la entrevista, como es el caso de la constancia de antecedentes no penales; la cual también en ocasiones es solicitada por estudiantes quienes pretenden participar en algún programa de estudio, en el que se otorgan apoyos económicos.

El costo de este documento representa un perjuicio económico a los ciudadanos de bajos recursos que buscan un empleo y a los estudiantes que desean obtener algún estímulo para adherirse a un programa o para una beca que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Por ello se considera que el costo por la expedición de este documento se hace incongruente, pues quienes pretenden un empleo o un estímulo para estudios son personas que no cuentan con recursos suficientes para hacer erogaciones económicas extras. Aunado al hecho a que ocasiones el requisito es solo para acceder a una entrevista o realizar el trámite para algún estímulo para adherirse a un programa o para una beca.

En razón de lo anterior, propongo que se reforme el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 90 de Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, para que en la expedición de constancias de antecedentes no penales en el caso de estudiantes y quienes se encuentren desempleados queden exentos de dicho pago. Ello pese a que en la actualidad dicho dispositivo prevé que para el caso de los estudiantes se aplique una reducción del 20 %, porcentaje insuficiente, pues la mayoría de los estudiantes solicita este documento para obtener algún apoyo económico.