Nosotros y la inclusión

Tenemos dos opciones ante la situación política y social que hoy vivimos en nuestro país: cruzarnos de brazos o hacer la parte que nos corresponde.

Cruzarnos de brazos es jugar al llanero solitario, esconder la cabeza, no hacer nada, quejarnos y dejar que las circunstancias decidan por nosotros. En cambio, hacer la parte que nos corresponde, es asumir que somos parte de la solución y que al menos con nuestra actitud y nuestras acciones, podemos ver las cosas de manera diferente y aportar nuestro granito de arena en el día a día. Es ser proactivo, participativo, entusiasta. Es entender que podemos lograr más juntándonos con otros que piensan igual que nosotros, respetar a los que piensan diferente y atrevernos a participar socialmente en cualquier ámbito de nuestra vida: en el deporte, en alguna asociación, con nuestros vecinos, en la escuela de nuestros hijos y de esta manera, descubrir la importancia de organizarnos y lograr resultados en común.

Otra característica, digna de ser tomada en cuenta, es la empatía, es decir ponernos en los zapatos del otro y ver más allá de nosotros mismos. Lograr la unidad dentro de la diversidad y sobre todo ser incluyentes. A propósito de la inclusión, una forma de practicarla es a través de las personas con discapacidad, que consiste en generar condiciones de igualdad ante las diferencias que puedan tener. Conmemorar el 3 de diciembre el día internacional de las personas con discapacidad me parece una oportunidad extraordinaria de reproducir la inclusión en todos los ámbitos de nuestra vida y de esta manera aportar la parte que nos corresponde.

Fui testigo de una dinámica que llevó a cabo la Red Puebla para Todos, que consistió en sensibilizar a usuarios del transporte público, autoridades y conductores acerca de cómo incluir, de manera adecuada a las personas con discapacidad en este medio de transporte. Los resultados de esta dinámica para personas con discapacidad me parece que se pueden aplicar a todos los aspectos de nuestra dinámica social y lograr con ello más participación, más solidaridad y sobre todo más igualdad.

En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca fomentar la igualdad de oportunidades y una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. A pesar de estos postulados, aún se requieren de acciones que motiven a respetar los derechos de las personas con discapacidad, tanto por parte de las autoridades, los conductores del transporte público, así como del público en general.

La Red Puebla para Todos, es un colectivo formado por distintas personas y agrupaciones que busca incluir a las personas con discapacidad a la vida activa de la sociedad. A pesar de tomar en cuenta todos los aspectos de la inclusión, el tema del transporte es en el que actualmente se está trabajando. Dentro de los trabajos que se han realizado durante el último año, destaca la impartición de cursos de capacitación a conductores del transporte público con la finalidad de sensibilizarlos en la atención adecuada a personas con discapacidad.

Dichos cursos se han llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaría de movilidad y transporte y en el Centro Integral de Servicios en coordinación con las autoridades estatales, con una gran respuesta por parte de los permisionarios y conductores participantes. Los esfuerzos de la red se han enfocado a generar condiciones para tener un transporte incluyente para las personas con discapacidad. Es decir que se aplique literalmente lo que establecen las Convenciones Internacionales en la materia, así como las leyes locales, además de ejercer la accesibilidad física, actitudinal y en comunicación.

El 3 de diciembre se llevó a cabo una dinámica en el transporte público. Esta consistió en que una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, que consistió en subiéramos al recorrido de la ruta 45 A, explicando a sus usuarios la importancia que tiene la inclusión en la vida diaria de las personas con discapacidad, el utilizar el transporte público y apoyar adecuadamente de acuerdo al tipo de discapacidad.

Participar en esta actividad me permitió ser testigo de cómo personas en silla de ruedas, en muletas, personas con discapacidad visual y personas con discapacidad intelectual, acompañados de personas sin discapacidad nos subíamos al transporte y las personas con algún tipo de discapacidad explicaban cómo podían ser ayudadas. Ver la interacción de las personas con distintos tipos de discapacidad con usuarios del transporte fue un ejemplo de sensibilización, empatía e inclusión.

Este tipo de actitudes son las que necesitamos como sociedad para interesarnos por el otro y dentro de las diferencias encontrar lo que nos une y lograr una sociedad más incluyente.

La inclusión nos corresponde y nos beneficia a todos. Practiquémosla en el día a día.

Desaparición del CONADIS

Desaparecer el Conadis generaría una afectación a los derechos de las personas con discapacidad

De acuerdo con información que funcionarios han dado desde el viernes, 8 de marzo de 2019, el gobierno federal analiza desaparecer el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que desaparecer el Conadis, como plantearon los servidores públicos, generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad.

Asimismo, la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad de nuestro partido (PRI) se pronunció al respecto: «las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y no de asistencia social. Estamos en desacuerdo con el enfoque médico-asistencial con que este gobierno pretende vernos».

El gobierno hizo promesas: estímulos fiscales a empresas que contraten PcD (Personas con Discapacidad), la creación de un Instituto de Atención a la Discapacidad –coordinado con el DIF y el Conadis–. Incluso, el nombramiento de un titular para el Consejo, nombramiento que –tras 100 días de gobierno– no ha ocurrido.

Y ahora resulta que el Consejo es «inviable». Es lamentable la iniciativa para desaparecerlo, el gobierno sigue demostrando su insensibilidad y su nulo interés en proteger los derechos que atienden a quienes más lo necesitan.

Necesitamos, de manera urgente, una nueva visión sobre los avances y la inclusión. Justo como lo dice Claudia Ruiz Massieu: «se trata de avanzar juntos para resolver problemas del país con ideas y propuestas, y siempre en beneficio de todos».

Necesitamos que el país realice políticas públicas para la inclusión no para la exclusión; en lugar de suprimirlo, necesitamos un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones.

Es fundamental recordar que las personas con discapacidad no pueden truncar sus proyectos de vida y deben, sin duda alguna, tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera.

Consolidemos a este sector de la población como prioridad en el desarrollo nacional.

Terapia física

La atención de la salud se debe priorizar para mejorar las condiciones de salud de las personas a través del cuidado especializado.

Una de las formas de mejorar la salud de las personas es la rehabilitación, la cual ayuda a devolver un estado de salud óptimo y acceso a una vida plena en todos los sentidos.

Es importante mencionar que la tendencia mundial ubica a la rehabilitación como una profesionalización. Es así que, hoy, la profesionalización de la fisioterapia es un hecho, pues académicamente ya existen instituciones que la reconocen como tal.

La Confederación Mundial de Terapia Física define que la fisioterapia es la “profesión cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en el proceso de evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional e intervención fisioterapéutica para prevenir o remediar limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento”.

A nivel nacional, se contabilizan cerca de 20 instituciones de educación de nivel superior que cuentan con el programa de estudios de Licenciatura en Terapia Física. Esto quiere decir que, en el campo de las profesiones, los egresados ya son reconocidos por las autoridades educativas en el país como profesionistas y no solo como auxiliares técnicos.

En ese sentido y a efecto de armonizar la ley local con la federal, se hace necesario reformar el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud para incluir dentro de las actividades profesionales a la terapia física.

Por lo anterior, presento la Iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud:

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina –odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, optometría y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables– se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización o de profesional técnico hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Censo de población y vivienda para personas con discapacidad

El artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y que los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

También señala que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, es decir, el INEGI. Por ello, el INEGI, tiene la responsabilidad de desarrollar y realizar el Programa de los Censos Nacionales, que se conforma por tres censos; el Censo General de Población y Vivienda; Censos Económicos; y Censos Agropecuarios.

Es así que los censos constituyen un procedimiento de generación de estadísticas que permite recabar información en todas y cada una de las unidades de observación de la población objeto de estudio. La importancia del censo de población, radica en que; constituye una fuente de información estadística de cobertura geográfica total, que permite la caracterización de áreas con amplios niveles de desagregación geográfica; proporciona información sobre universos estadísticos con gran nivel de desagregación conceptual; ofrece una estructura conceptual de referencia, útil en el diseño de diversos proyectos estadísticos; proporciona una base cartográfica y estadística requerida en la determinación de marcos muestrales.

En otro orden de ideas, es de señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, establece el derecho de toda persona de disfrutar de las garantías que la misma otorga, las que no pueden limitarse ni suspenderse, con excepción de los casos y condiciones estipuladas en su texto.

Por ende, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene por objeto, reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Ahora bien, el 2 de abril de 2018, por medio de un medio de comunicación se tuvo conocimiento de que en el segundo trimestre del 2018, el INEGI realiza las pruebas científicas para que los cuestionarios del censo tengan validez y sean claros, y que derivado de ello, diversas organizaciones de personas con discapacidad están inconformes por un cambio de metodología que se anuncia para el nuevo censo, pues, ciegos, sordos, personas con discapacidad motriz o intelectual, como síndrome de Down y autismo, dejarán de contar en México.

Advirtieron estas organizaciones que el Censo de Población y Vivienda 2020, dejará fuera del cuestionario básico a las personas con discapacidad, a lo que la autoridad respondió que se trata sólo de un cambio de metodología, en el cual quedaran incluidos solamente en un muestreo de 800 municipios, en lugar del censo nacional que se hace casa por casa.

En mérito de lo anterior y con el objetivo de que no se deje fuera a ningún sector de la población en el censo de población y vivienda 2020, y con fundamento en los artículos 1 y 26 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, esta semana se puso a consideración del Congreso del Estado, un punto de acuerdo en el que se invite respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, instruya a sus áreas competentes, para que en el censo nacional que se hace casa por casa 2020, se tome en consideración a las personas con discapacidad y no solo en un muestreo en algunos municipios. Ello para que las autoridades en sus diversos niveles de gobierno, estén en la posibilidad, de realizar entre otras acciones, las de crear políticas públicas, presupuesto e infraestructura, que permita dar la correcta atención a las personas con discapacidad.

Menores, personas con discapacidad y adultos mayores, prioritarios en programas de protección civil

El Diagnostico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el riesgo de desastre, señala que los asentamientos en nuestro país se encuentran expuestos a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.

En el tema específico de los sismos, cronológicamente, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables, por señalar los más significativos, podemos referir los siguientes; el 28 de marzo de 1787; el de 19 de noviembre de 1912; el del 3 de enero de 1920; el del año de 1957; el del 19 de septiembre de 1985; el del 4 de abril de 2010; el del 2012; el del 7 de septiembre de 2017; el del 19 de septiembre del año pasado, donde un temblor de 7.1 grados con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, se puso en evidencia que los más afectados fueron los grupos vulnerables, como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes por su grado de vulnerabilidad requieren de una mayor atención en el caso de algún desastre natural.

Por ello se hace necesario que, en la elaboración y actualización de los protocolos de actuación, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con el más efectivo respaldo del Estado, con políticas públicas de prevención que atiendan a las necesidades específicas de todos los sectores de la población, pero en particular, a los más vulnerables.

Lo anterior encuentra su justificación en que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, son grupos con mayor vulnerabilidad, por la condición de debilidad en la que se encuentran.

Es por ello que el 22 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, con esta reforma se añadió como atribución para la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, la de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescente, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus programas de protección civil.

Ello hace necesario adecuar el marco local al marco federal, pues se considera prioritario que en los protocolos de actuación se contemplen la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, pues la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil no lo contempla.

Por ello se propone adicionar al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, una fracción VII Bis, para añadir que en la elaboración y/o actualización de programas de protección civil del Estado y los Municipios, se prevean protocolos de actuación, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Movilidad municipal a favor de la discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más importante del siglo XXI, tiene como objetivo el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente, como se desprende de su artículo 1 denominado propósito.

Los principios generales que se desprenden de este tratado internacional, son; a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer, y h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Así se desprende de su artículo 3, denominado principios generales.

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el día treinta de marzo de dos mil siete, la cual fue ratificada por el Senado de la República el diecisiete de diciembre del mismo año, por ende, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 11 de junio del año 2011, la Convención forma parte de nuestro sistema jurídico nacional.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país se obligó adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

En cumplimiento a ello el 30 de mayo del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, cuyo objeto es reglamentar lo conducente, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Reconocer a su vez de manera enunciativa y no limitativa, a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

El artículo tercero de dicho ordenamiento refiere que la observancia de la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En esa congruencia la Constitución del Estado de Puebla en su artículo 11 prohíbe toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad.

Atendiendo a lo anterior el día 12 de enero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla, la cual fue reformada por última vez el día 1 de agosto de 2016, cuyo objetivo es establecer las bases que permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. A su vez reconoce de manera enunciativa y no limitativa, sus derechos humanos, libertades fundamentales inherentes y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

La Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla en su artículo 6 señala que son autoridades para la aplicación de la misma, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Titular del Poder Ejecutivo, a través de la administración pública centralizada y descentralizada y los Ayuntamientos de los Municipios.

El artículo 8 fracción II de la ley que nos ocupa determina que corresponde a los Ayuntamientos entre otros, emitir y revisar los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad a la vida en comunidad, de conformidad a lo establecido en la Ley.

Por otro lado, el artículo 80 fracción III la Ley Orgánica Municipal, señala que los reglamentos Municipales deberán contemplar, las bases y mecanismos que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común.

Ahora bien, en otro orden de ideas se hace necesario señalar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 15 por ciento de la población mundial, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. En nuestro país aproximadamente el 14 por ciento de la población, es decir, 16.5 millones de mexicanos, padecen alguna discapacidad. En nuestro Estado hay alrededor de 246 mil personas con una o más discapacidades, y en el Municipio de Puebla se registran cerca de 47 mil personas con algún tipo de discapacidad, 24 mil 327 con problemas visuales; 13 mil 623, intelectual y 6 mil 985 con dificultades auditivas y de lenguaje, esto de acuerdo al censo de población del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI).

Personas que se enfrentan a un sin número de obstáculos entre los cuales encontramos la falta de accesibilidad. Entendiéndose por accesibilidad como la posibilidad y facilidad que todo ser humano tiene para utilizar cualquier objeto, visitar algún lugar o tener acceso a un servicio.

Obstáculos que deben ser aminorados por las autoridades en razón de los ordenamientos antes señalados y los compromisos obtenidos por los Estados en la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, que impone a los líderes de los Estados miembros desarrollar las acciones que encaminen a garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a la ciudad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación.

Donde la movilidad urbana sustentable juega un papel primordial ya que esta permita la accesibilidad universal en condiciones de igualdad, esto es, garantiza que todos los ciudadanos tengan derecho a la cuidad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación, lo cual garantiza la movilidad segura y eficiente de personas con discapacidad.

Ahora bien, para garantizar a las personas con discapacidad la inclusión como lo enmarca la norma antes señalada, es necesario que las personas con discapacidad tengan la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal, sustentabilidad.

En ese sentido es necesario que las autoridades que tienen atribuciones en materia de personas con discapacidad realicen una serie de acciones, entre las cuales encontramos, la expedición y actualización de la norma. En el caso específico me refiero a los Ayuntamientos, en razón de que ellos son el primer contacto de la población con el gobierno y son los cuales tienen a su cargo las calles por donde se desplazan entre otros la personas con discapacidad.

Por ello, esta semana presentaré un exhorto a los Ayuntamientos de los Municipios de Puebla a efecto de que realicen todas las acciones encaminadas a la emisión, revisión de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que que posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las personas con discapacidad la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal, sustentabilidad.

Esto porque las las personas con discapacidad requieren de una atención permanente y para que las autoridades estén en posibilidad de otorgarla, requieren de instrumentos actuales vigentes, armonizados con la norma internacional y nacional.