Asentamientos humanos irregulares

Los asentamientos humanos irregulares son aquellos lugares donde se establece una persona o comunidad que está fuera de las normas que regulan la ordenación de la tierra. Por lo regular son ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas o en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tiene por objeto, entre otros, fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país; señala en sus artículos 1 y 7, de manera específica, la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Democracias Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México de ONU-Hábitat del año 2016, se desprende que, en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2020, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde, muy probablemente, sea la población pobre la que predominará.

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Por la otra, los asentamientos humanos ilegales, informales, irregulares, tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario.

En vista de esos dos escenarios, el reporte señala que México tiene un reto para evitar los asentamientos humanos irregulares y las consecuencias, lo que obliga a los gobiernos en sus ámbitos de competencia a replantarse políticas que eviten la ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular.

Es por ello que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano determina en su artículo 11 fracción I, que corresponde a los municipios, intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos.

Es por ello que presenté ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica Municipal para dar posibilidad a los Ayuntamientos a sancionar a quien autorice Asentamientos Humanos Irregulares.

Información del autor

Pablo Fernandez del Campo

Poblano, padre de familia, maratonista, abogado, contador público y maestro en políticas públicas.

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