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Aumento de tarifas, ¿a cambio de qué?

El aumento de tarifas en el transporte público, siempre ha sido motivo de polémicas e inconformidades por parte de la sociedad, especialmente de los usuarios que padecen las condiciones en las que se encuentran muchas de las unidades y sobre todo de aquellos que el pago de este servicio representa un fuerte gasto que afecta la economía familiar.

Por ello, resulta una medida políticamente costosa que se prefiere evitar o dejar al final del periodo de gobierno. Sin embargo, ante el anuncio del gobierno actual de subir en 2.5 pesos la tarifa del transporte público, la pregunta obligada es ¿a cambio de qué?, pues además de los gastos y costos que puedan argumentar los transportistas a su favor y del tiempo que ha transcurrido sin incrementos, la realidad es que el servicio público de transporte que se brinda en la mayoría del estado deja mucho que decir en términos de seguridad, eficiencia, comodidad, limpieza y dignidad para los usuarios.

En términos generales en nuestro país y en nuestro estado, predomina el transporte inseguro, inasequible, que discrimina constantemente a las personas más vulnerables. Este es el resultado de no tener una política de transporte que considere que para combatir la desigualdad y otorgar acceso a los derechos humanos básicos, es indispensable que las personas podamos movernos en el territorio.

Dentro de las principales necesidades que existen en el transporte público se encuentran al renovación de unidades, la incorporación de cámaras de seguridad, la instalación de botones de pánico, mejorar la logística de las rutas a fin de hacer más eficientes los traslados de los usuarios, mejorar las condiciones laborales de los conductores, asegurar el servicio para todos los pasajeros, sin importar su condición física y de edad, especialmente los ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En este sentido, las estadísticas son contundentes y muestran la cruda realidad en un tema crucial para nuestra sociedad. El robo o asalto en el transporte y el espacio público es el delito con la más alta tasa de incidencia delictiva en México.

De Acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI en el 2018, el transporte público expulsa a las mujeres, 6 de cada 10 han vivido actos de violencia sexual, donde sólo el 3% denuncia debido a la complejidad de los procesos y la continua victimización.

En el caso de personas con discapacidad, de acuerdo al reporte 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 33% de las personas con discapacidad viven actos de discriminación en el transporte público, dificultando aún más su capacidad de movimiento.

Por lo que hace a los descuentos que las leyes en la materia establecen para distintos grupos de personas es común escuchar de los conflictos con transportistas para otorgar dichos descuentos a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, sólo por el hecho que representan menores ingresos para el sistema. ¿Porqué? Tardan más en subirse, los autobuses no están adaptados para transportarlos, hacerlo cuesta y se pierden asientos para las personas que pueden entrar por sus propios medios, además de pagar una cuota menor.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2017 realizada por el INEGI, refleja que las familias con los deciles más bajos, gastan el 11.7% de sus ingresos en transporte, siendo el segundo lugar del gasto familiar, por encima de la educación, el doble del gasto en vivienda y hasta diez veces más que en salud. Esto dimensiona el impacto que puede llegar a tener un incremento en las tarifas de transporte.

De ahí la importancia que tiene el considerar todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para brindar un mejor servicio. La mejora del transporte público en el País y en el Estado requiere de un análisis muy profundo para cambiar causas que nos tienen en esta situación, de las obligaciones que el estado ha decidido abandonar e ignorar, de la reconstrucción de una política de estado que vaya a las causas y no solamente a los vehículos y las calles por donde se mueve.

Si tomamos en cuenta que aproximadamente en el área metropolitana de Puebla se realizan 1 millón 553 mil 800 traslados al día, estamos hablando de que con el incremento anunciado arrojaría una cantidad de 3 millones 884 mil 500 pesos al día y 116 millones 535 mil pesos al mes.

Por ello es tan importante que este incremento vaya acompañado de grandes dosis de sensibilidad política, aplicación del estado de derecho, voltear a ver beneficios para todos los participantes del transporte público y de manera prioritaria al más importante que es el usuario.

Seguridad en el Transporte Público

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, donde se advierte del costo que ha representado la inseguridad en Puebla, mostrando su mayor impacto en pérdidas económicas a consecuencia de los delitos.

Arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, que la inseguridad cobró al mes 804.4 millones de pesos, mientras que la prevención frente a la inseguridad facturó 256 millones de pesos. Tan sólo el gasto en medidas preventivas alcanza el 31.8 por ciento del impacto económico que representa el delito en Puebla.

Se desprende de la referida encuesta que casi 6 de cada 10 poblanos consideran que la inseguridad es el problema más importante que les aqueja, seguido del aumento de precios y el desempleo.

Al referir la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, que las zonas inseguras, según la percepción de los poblanos, son los cajeros automáticos situados en vía pública, seguido de bancos y el transporte público; incluso, el nivel de percepción es mayor en Puebla que el promedio nacional en el país.

De manera específica en el Transporte Público, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, arrojó que el 73.6 por ciento de los poblanos se siente inseguro en el transporte público, la media nacional en México arroja el 70.3 por ciento.

Es así que considero que una de las medidas que pueden abonar en el combate a la delincuencia en el transporte público, sería establecer como obligatorio encender la luz interna durante las horas de oscuridad, de las unidades de transporte público y mercantil de personas, así como del RUTA. Obligación que sea directa de los choferes del transporte que transiten por las vías públicas de jurisdicción del Municipio de Puebla y que en caso de que no lo hagan sean acreedores a una multa.

Por ello desde el Congreso del Estado, voy a exhortar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que realice las adecuaciones a su marco normativo que rige el Tránsito Municipal, y establezca esta obligación, lo cual no resuelve el problema de la inseguridad en el transporte público, pero sí abona una forma de prevenir el delito, ello porque la luz inhibe a los delincuentes.

Trayectos seguros

Sin duda la movilidad se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver en las grandes urbes, pues las deficiencias en la movilidad han restringido por lo tanto los derechos de los habitantes en las ciudades; los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y el impacto en el presupuesto familiar, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han deteriorado las condiciones de vida de la población.

En el caso de México, el Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en México 2014-2015 muestra que si bien se han dado pasos importantes para la creación de una política de movilidad, será primordial promover acciones de los tres órdenes de gobierno que apoyen la consolidación de avances sustanciales, tales como, por señalar alguno, implementar estrategias que desincentiven el uso del automóvil y faciliten modos de transporte no motorizado, que fomenten el uso del transporte público y se invierta en que éste sea con menor consumo energético.

Así, para fomentar el uso del transporte público en México, es necesario que el mismo sea eficiente, con accesibilidad universal, en condiciones adecuadas y de seguridad. En ese sentido, se considera que uno de los temas fundamentales en el transporte público es la garantía de viajes urbanos en condiciones de seguridad, pues el hecho de no gozar de la libertad para tener un trayecto seguro y tranquilo hasta su destino, impide a los ciudadanos ejercer el su derecho a disfrutar de la ciudad.

Situación que se dificulta pues en nuestro país los asaltos y robos a usuarios del transporte público son una constante en las ciudades, lo que se desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cuales señalan que el robo en la calle y en el transporte público sigue siendo el delito más común con un 28.6 por ciento de incidencia, pero también el que más expone la integridad de los usuarios, debido a que el 50 por ciento de casos se lleva a cabo con un arma.

En nuestro estado este fenómeno no es ajeno, en lo que va del año según la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, reportan que se ha tenido conocimiento de 62 asaltos a transporte público, fenómeno que se ha ido incrementado, tan sólo en lo que va del mes de junio ha habido al menos ocho asaltos violentos a transporte público, en un sólo día, el 16 de junio, se registraron tres.

Con estos datos, se expone la realidad que viven los usuarios del transporte público de manera constante en su movilidad; la vulnerabilidad de su integridad física, lo que genera realicen sus actividades cotidianas con la desconfianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están en peligro de daño, menoscabo o riesgo.

Ahora bien, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios en sus respectivas competencias, es decir, son los encargados de vigilar el orden público y garantizar la paz y la seguridad de la comunidad.

Por ello, al ser la seguridad pública una obligación del estado y los municipios y ante el incremento de asaltos a los usuarios del transporte público masivo en la capital del estado, esta semana presenté un exhorto al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento del municipio de Puebla, para que intensifiquen las acciones encaminadas a reforzar la seguridad en el transporte público urbano del municipio de Puebla, debiendo informar a la ciudanía las acciones a seguir y los resultados que se obtengan de las mismas.