Alarmas sísmicas obligatorias en puntos estratégicos

El término desastre natural se aplica para hacer referencia a aquellos eventos donde intervienen fenómenos naturales, como pueden ser los huracanes o sismos; sin embargo, el concepto pasa por una construcción social, la cual enuncia las amenazas y riesgos que tienen dichos fenómenos para el ser humano, presentándose ante una situación de incapacidad para hacerles frente. De este modo, lo único natural que existe en los llamados desastres naturales es propiamente el fenómeno a partir del cual los desastres se manifiestan por las desigualdades sociales y el desarrollo de los asentamientos humanos donde se presentan.

Dicho de otro modo, son las implicaciones que tienen para el ser humano los procesos naturales, ya que estos son inevitables; sin embargo, es la propia persona quien construye las amenazas y puede prevenir mayores tragedias durante estos procesos de la naturaleza.

En los desastres naturales, un aspecto fundamental es la prevención, el cual se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Se refiere al conjunto de actividades técnicas y sociales, íntimamente relacionado con generar agentes que permitan disminuir los riesgos ante un escenario amenazante.

Reducir los riesgos implica no solo una responsabilidad de las autoridades, sino un ejercicio colectivo de todas las comunidades que reconocen sus vulnerabilidades y toman medidas para disminuir el impacto que un evento natural puede ocasionarles. Por tal razón, la cultura de la prevención lleva un camino paralelo: contar con las herramientas necesarias, y conocimiento social para saber qué acciones realizar frente a un acontecimiento natural y así disminuir daños.

En México, las acciones de protección civil iniciaron su consolidación inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre de 1985, antes de este evento no se distinguen estudios significativos sobre riesgos, el terremoto de 8.1 grados ha sido el desastre más documentado y abrió la ventana para una serie de investigaciones relacionadas a los desastres naturales.

A partir de eso, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables y que deberían ser tomadas en cuenta para el desarrollo de mecanismos de prevención, eficientes y eficaces para la mitigación de daños.

Como parte de la prevención de los desastres naturales, se han instrumentado una serie de acciones, de entre las cuales encontramos la instalación de alarmas sísmicas en diversos puntos estratégicos, como edificio públicos.

Lo cual es un gran avance en materia de prevención, n obstante no todas las personas se encuentran en todo momento en edificios públicos para poder percibir las alarmas sísmicas, además las mismas son instaladas en el caso de que las administraciones públicas lo determinan y mediante algún programa.

Por ello se considera necesario que las alarmas sísmicas sean obligatorias, en diversos puntos estratégicos de nuestra entidad, las cuales deberán ser instaladas por las autoridades locales o municipales, autoridades que tienen atribuciones en materia de protección civil.

En ese sentido esta semana presentare ante el Congreso del Estado una Iniciativa de reforma la ley del sistema estatal de protección civil, para que se establezca como obligación de la administración pública tanto estatal como municipal, la instalación de sistemas de alarma audible y visible, en puntos de la ciudad, geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo.

Menores, personas con discapacidad y adultos mayores, prioritarios en programas de protección civil

El Diagnostico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el riesgo de desastre, señala que los asentamientos en nuestro país se encuentran expuestos a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.

En el tema específico de los sismos, cronológicamente, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables, por señalar los más significativos, podemos referir los siguientes; el 28 de marzo de 1787; el de 19 de noviembre de 1912; el del 3 de enero de 1920; el del año de 1957; el del 19 de septiembre de 1985; el del 4 de abril de 2010; el del 2012; el del 7 de septiembre de 2017; el del 19 de septiembre del año pasado, donde un temblor de 7.1 grados con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, se puso en evidencia que los más afectados fueron los grupos vulnerables, como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes por su grado de vulnerabilidad requieren de una mayor atención en el caso de algún desastre natural.

Por ello se hace necesario que, en la elaboración y actualización de los protocolos de actuación, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con el más efectivo respaldo del Estado, con políticas públicas de prevención que atiendan a las necesidades específicas de todos los sectores de la población, pero en particular, a los más vulnerables.

Lo anterior encuentra su justificación en que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, son grupos con mayor vulnerabilidad, por la condición de debilidad en la que se encuentran.

Es por ello que el 22 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, con esta reforma se añadió como atribución para la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, la de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescente, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus programas de protección civil.

Ello hace necesario adecuar el marco local al marco federal, pues se considera prioritario que en los protocolos de actuación se contemplen la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, pues la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil no lo contempla.

Por ello se propone adicionar al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, una fracción VII Bis, para añadir que en la elaboración y/o actualización de programas de protección civil del Estado y los Municipios, se prevean protocolos de actuación, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.