Políticas públicas para la resilencia

ONU-HÁBITAT, señala que el 80% de las ciudades más grandes del mundo son vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y todas enfrentan los nuevos impactos causados por el cambio climático. Señala este organismo que el costo de los desastres urbanos, en 2011, ascendió a más de 380 mil millones de dólares.

Por ello ONU-HÁBITAT señala que una de las herramientas que ayudan a proteger los recursos de los pueblos y ciudades, ante los desastres naturales, es la resiliencia, la cual alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible, que la resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior.

Nuestro país no es ajeno a los desastres naturales, en el tema específico de los sismos, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables, los más recientes fueron los del 7 y el del 19 de septiembre del año pasado, los cuales sacudieron de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y los declarados zona de desastre, Oaxaca y Chiapas.

En nuestra entidad federativa, después del sismo del 19 de septiembre del año próximo pasado, la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de Emergencia Extraordinaria para 112 municipios, a casi 10 horas del movimiento de magnitud 7.1 grados Richter, la secretaria hizo la declaratoria para la mayoría de municipios de la zona centro, sur, sureste y suroeste del Estado, que fue la principal zona afectada por su cercanía al epicentro en Axochiapan, Morelos.

Lo anterior pone en evidencia que en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa es necesario se generen políticas públicas desde el desarrollo urbano, que hagan posible la resiliencia de las ciudades asentadas en nuestra entidad federativa, que se anticipen a las tendencias del futuro para así encararlas con mayor eficacia, desde construcciones más resistentes a los desastres, mayor densidad poblacional y menor consumo de energía hasta la creación de sólidos fondos financieros y capacidades de construcción.

Políticas públicas, que se plasman, entre otros instrumentos, en el plan de desarrollo urbano, el cual, es un documento técnico que contiene el ordenamiento territorial, las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de la ciudad.

Planes que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, deben considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, así como las medidas y criterios en materia de Resiliencia. Ello con el objeto de gozar de ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Por ello se considera necesario incidir desde el Congreso del Estado, para promover una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, ordenamiento que rige la vida de los Municipios, y en los cuales se encuentran asentadas ciudades, para incluir que el la expedición de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, se incluyan las medidas y criterios en materia de Resiliencia. Con lo cual se pretende lograr ciudades capaces de recuperación rápida en caso de desastres provocados por fenómenos naturales, es decir, ciudades resilientes, hecho que sin duda se verá reflejado en la calidad de vida de los poblanos.

Políticas públicas que aseguren el acceso de libre y universal a Internet

Con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se impuso una nueva dinámica en la manera de relacionamos, así con los constantes avances de estas tecnologías se ha facilitado el desarrollo económico y social de las naciones en el Mundo.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, facilitan de manera muy importante las comunicaciones, mejoran la calidad y prestación de los servicios de educación que hacen posible el acceso a cualquier tipo de información que se encuentre en Internet, así como los servicios de salud, las gestiones gubernamentales, las actividades económicas y, en general, la vida cotidiana de personas.

Documentos internacionales tales como; la Asamblea General de la ONU en su Resolución 56/183; la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en el 2003, en Ginebra, reconocen la importancia de acceder y aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Por lo que hace al marco jurídico Nacional, es de señalar que, mediante decreto publicado, el 11 de junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó una reforma artículo 6 de la Constitución Federal.

Por ello, a partir de dicha reforma el dispositivo constitucional, señala que “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. …”, más adelante, en el apartado B, fracción I del mencionado artículo, se refuerza el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación con la obligación que tiene el Estado de garantizar “a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.”

Por lo que hace a nuestro marco local, es de señalar que la Constitución del Estado no prevé este derecho, aisladamente la Ley de los Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Puebla, publicada en 3 de junio de 2015, señala en su artículo 13 fracción XX, que son derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros, el del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la legislación aplicable.

No obstante, esta disposición deja fuera los demás sectores de la población, por ello, se considera necesario incidir desde el Congreso del Estado, para se contemple en nuestra Constitución Local, este derecho, a todos los habitantes del Estado sin excepción y que para que el mismo sea efectivo, prever como obligación del Estado y los Municipios, el de garantizar el derecho de acceso libre a internet, y que para tal efecto, establezcan los mecanismos y políticas públicas necesarias para asegurar la efectividad de este derecho.

Con esta iniciativa se pretende la inclusión y habilidades digitales, mediante la cobertura social, impulsa condiciones de competencia efectiva en los mercados, favorece el derecho a la información y promueve el acceso a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones. Ello porque se considera que el acceso a internet es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.