Empoderamiento ciudadano en el combate a la corrupción

La corrupción es uno de los problemas que más lesiona a la sociedad, pues afecta económicamente, socialmente y políticamente, además de que genera inestabilidad, desigualdad e injusticia.

Por ello para atender el problema de la corrupción, desde su prevención hasta su sanción, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

En la reforma constitucional, se sentaron las bases para instrumentar el “Sistema Nacional Anticorrupción”, que será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección, y sanción. Para este sistema se instituyo un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalía especialidad en combate a la corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana (constituido por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El Decreto de reforma constitucional, dispuso en su artículo cuarto transitorio que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias expedir las Leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes generales correspondientes.

En esa congruencia el 4 de noviembre de 2016, se publicó el Periódico Oficial del Estado de Puebla; el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la corrupción, y el 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

Esta ley dispone las reglas bajo las cuales deberá operar el sistema, como las de coordinación entre los entes públicos del Estado de Puebla para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, establece las directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

En la fracción I, inciso a) del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, establece que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de los cuales cinco serán propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación.

Por ello el 24 de mayo de 2017, por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió la Convocatoria Pública para elegir cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

En ese proceso, ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a Corrupción, de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, los días veintidós y veintitrés de mayo, se escucharon las propuestas de trabajo de los aspirantes a integrar la Comisión de Selección, que tendrá a su cargo la integración del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

En dichas comparecencias participaron 19 ciudadanos, todos ellos con muy buenos perfiles, pero sobre todo con un gran interés de participar en este novedoso ejercicio democrático y compromiso para conyugar en el combate a la corrupción en nuestro Estado. En hora buena a todos los participantes de los cuales en los próximos días tendremos la difícil tarea de escoger a solo 9 de ellos.

Sin duda la integración de esta Comisión es un ejercicio de participación ciudadana que representa una herramienta activa de fiscalización ciudadana, pero también un mecanismo para la rendición de cuentas y un medio para la inhibición de los actos de corrupción. Herramienta que empodera al ciudadano en el combate a la corrupción.

Audiencias públicas, mecanismos que alientan la participación social

El acercamiento de los administrados con la administración pública va acotando aún más el actuar arbitrario y discrecional de esta última por medio de mecanismos que permiten la participación de todos los grupos sociales en el debate de los temas que pueden afectar sus bienes, derechos y/o intereses.

Las nuevas tendencias en materia de participación ciudadana se distinguen por la apertura que deben tener los gobiernos en invitar a la población que participe directamente en los proyectos que realiza el gobierno, por lo cual las viejas ideas de que la población participaba en la toma de decisiones mediante la emisión del voto, en la actualidad, han dejado de tener vigencia.

Los viejos y tradicionales sistemas de participación ciudadana han dejado de ser eficaces y se ha abierto paso a otros, mas nuevos y mejores, donde la población pude opinar, acceder a la información pública e incluso controlar la administración pública.

Poco a poco hemos dejado atrás el autoritarismo que por muchos años marco el camino del actuar de los órganos estatales, pues no podemos seguir con viejas ideas que sirvieron para justificar el actuar discrecional del Estado, bajo el argumento siempre del bien común.

Por ello se considera que es muy importante, en estos tiempos, el acceso de la ciudadanía a la información pública, la participación de normas de carácter general y en el control de la administración pública.

En este mismo orden de ideas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata a los Ayuntamientos, en su artículo 115, fracción II, asegurar la participación ciudadana y vecinal. Para lo cual se requiere que la población participe activamente, opinando, discutiendo, proponiendo; que, su voz se haga escuchar, que sus reclamos sean tomados en cuenta por el gobierno.

La naturaleza de nuestro sistema es esencialmente participativa, de manera que la participación de los particulares en las decisiones de las autoridades municipales no puede descartarse en nuestro régimen democrático.

En esa congruencia es importante acotar que las audiencias públicas son mecanismos que alientan la participación social dentro del proceso de toma de decisiones tanto administrativas como legislativas y que han ido ganado espacio en otros países dentro del tejido institucional de los últimos años. En ellas se habilita un espacio para que expresen su opinión todos aquellos que pueden tener algún interés en el tema que se convoca.

Es un mecanismo de participación que, con sus limitaciones, permite sin embargo mayores niveles de transparencia en la gestión pública, puesto que, como primera medida, los funcionarios son obligados a justificar las acciones de gobierno que deseen emprender. Au vez, estas instancias limitan las posibilidades influencias de los grupos de poder, ya que actúan como frenos a sus interese particulares.

Así que los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana son operativos obligatorios para la autoridad, y para hacerlos efectivos, el ciudadano cuenta, además con herramientas en las cuales se puede apoyar, como es la audiencia y publicidad.

En ese orden de ideas la Ley Orgánica Municipal, determina en su artículo 75 que el Ayuntamiento podrá celebrar sesiones de Cabildo abierto para realizar entre otros, audiencias públicas, cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del Municipio.

No obstante, ello, las mismas son solo una posibilidad de hacer o no hacer, aunado a ello, tampoco precisa lo que se pretende en la audiencia pública; por ello esta semana, presentare ante el Congreso del Estado, como tu voz en el congreso, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, que adicione el artículo 193 bis, dentro del Capítulo XIX, denominado “De la Participación Ciudadana en el Gobierno”.

Propuesta que contemple que para alentar la participación ciudadana, se organizara en un marco de organización, respeto, y tolerancia, audiencias públicas en las que los ciudadanos puedan; proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos; recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la Administración Pública Municipal;  presentar al Presidente Municipal, al Ayuntamiento, a los titulares de la Administración Pública Municipal, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la Administración Pública Municipal; reciban orientación de parte de los órganos de la Administración Pública Municipal; y se canalice su demanda pública a las áreas correspondientes para su pronta atención.

Esto atendiendo a que los Municipios son los órganos que representan el contacto más cercano y directo de la población con el gobierno y se tengan los instrumentos adecuados de participación por medio del cual sus habitantes, puedan de manera directa participar en las decisiones del Ayuntamiento, en un marco de organización, respeto, y tolerancia.