La justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos

La “justicia restaurativa” es un proceso en el que las partes implicadas en un delito determinan de manera colectiva las formas en que habrán de manejar sus consecuencias e implicaciones. Esta es una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión y promoviendo la armonía social a través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad.

Este tipo de justicia es una teoría que busca poner énfasis en la reparación del daño causado por una conducta delictiva, asimismo, busca superar la lógica del castigo o del dolor, proponiendo que las partes pueden llegar a una solución dependiendo de la gravedad del delito.

Es diferente a la “justicia retributiva”, enaltecida en el sistema actual de justicia. El contraste es que el castigo es sustituido por la aceptación de la responsabilidad de los hechos y por la búsqueda de métodos de reparación del daño causado. Para ello se necesita la participación en el proceso restaurador tanto del ofensor como de la víctima y, en su caso, de terceros interesados en que las cosas lleguen a buen puerto.

En el Congreso Internacional de Budapest de 1993 la “justicia restaurativa” o “restauradora” ganó esta denominación frente a otros términos que también se utilizaban para nombrarla, tales como “justicia positiva”, “pacificadora”, “temporal”, “transformadora”, “comunitaria”, “conciliativa”, “conciliadora”, “reparativa”, “reparadora”, “restitutiva”, “reintegradora” o “reintegrativa”.

Dicha expresión se considera más conveniente, pues busca responder al delito de una manera constructiva partiendo de la tesis de que “es necesario el reconocimiento de las víctimas y sus derechos”, de una “reparación del daño”, a partir de las necesidades de las partes y la construcción de un estado de paz.

El proceso de restauración busca habilitar a las víctimas, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que participen directa y activamente en la respuesta del delito con la vista puesta en la reparación y, como ya se mencionó, en la paz social, basándose en parte en las 3 “R”: Responsabilidad, Restauración y Reintegración:

  • Responsabilidad tanto del ofensor como de cada persona que deba responder por sus acciones u omisiones.
  • Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada y requiere abandonar su posición de dañado, así como de toda la sociedad.
  • Reintegración del infractor, quien necesita restablecer los vínculos con la sociedad y del buen desempeño de todos los integrantes para su correcto funcionamiento.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los procesos restaurativos para alcanzar los fines son la mediación, conciliación, celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas.

En el convenio resultante se podrán incluir programas y respuestas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad encaminados a la atención de las necesidades y responsabilidades, así como para lograr la reintegración de la víctima y del delincuente.

En cuanto al modo de aplicación de los programas la ONU hace las siguientes recomendaciones:

  1. Que puedan ser utilizados en cualquier etapa del sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación local.
  2. Solo se podrá disponer de los métodos restaurativos de justicia cuando existan pruebas suficientes para inculpar al delincuente con el consentimiento voluntario de la víctima y del malhechor.
  3. La víctima y el delincuente deberán estar de acuerdo sobre su participación en los procesos y acuerdos restaurativos. La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos judiciales.
  4. Las desigualdades de posiciones y las diferencias culturales deberán ser tomadas en cuenta para poder someter el asunto a método restaurativo.
  5. La seguridad de las partes deberá ser tomada en consideración al momento de la realización del método restaurativo de solución de conflictos.

En nuestro país los medios alternativos de solución de controversias en materia penal constituyen herramientas del sistema acusatorio ideales para ampliar y facilitar el acceso a la justicia ya que permiten equilibrar diferencias surgidas con motivo de la denuncia o querella por la comisión de un hecho delictivo sin necesidad de hacer uso de métodos adversos y con un esquema de confrontación como el juicio.

Mediante procedimientos basados en la oralidad y la confidencialidad las instituciones de procuración e impartición de justicia tienen la facultad de ofrecer la citada alternativa, tanto a las víctimas como a los imputados, desde el inicio del procedimiento penal hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio o de la formulación de las acusaciones, así lo informó un comunicado de prensa.

Con la implementación de los juicios orales y la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal se deja a un lado al proceso judicial como el único método para hacer efectiva la justicia y se propone a la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como herramientas de igual importancia para ofrecer a las partes una oportunidad a fin de encontrar acuerdos viables y duraderos.

Los beneficios de la justicia restaurativa consisten en que las autoridades judiciales contemplen a los medios alternativos como opciones para evitar los posibles efectos del encarcelamiento, ayudar a reducir el número de causas que se presentan ante los tribunales penales y tutelar los intereses de las víctimas u ofendidos.

Los principios rectores de los medios alternativos de solución de conflictos son la voluntariedad, la confidencialidad, la flexibilidad y simplicidad, la imparcialidad y la equidad, indispensables para fomentar la cultura de la paz, mejorar la percepción de la justicia y promover una respuesta diferente ante el conflicto.

En nuestra entidad federativa la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla –publicada el 30 de diciembre de 2013– tiene como finalidad promover y regular la mediación como medio alternativo de solución de conflictos, sin que refiera a la justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 115 fracción III, señala que las Comisiones se encuentran facultadas para examinar, instruir y poner en estado de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y emitir, en su caso, los dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus actuaciones.

Además, el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla -publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2012- señala que las Comisiones Generales, con relación a los asuntos de su competencia, emitirán sus resoluciones en forma colegiada.

Y refiere que le compete a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia lo siguiente:

  1. a) Asuntos y/o peticiones relacionadas con la adecuación del marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia.
  2. b) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

A partir de lo anterior exhorto respetuosamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de esta soberanía a que realice el análisis correspondiente a la justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos para que se lleven a cabo todas las gestiones encaminadas a promover la iniciativa de reforma a la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla, publicada el 30 de diciembre de 2013.