Ley de Seguridad Vial en Puebla

El entorno de seguridad pública en la movilidad es deficiente.

De acuerdo con los resultados del Índice de Movilidad Urbana (IMU), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) –que se presentó en enero de 2019–, nuestro estado es una de las entidades del país que está sin políticas públicas para incentivar la movilidad, y su gobierno local tiene una baja apuesta por invertir en infraestructura de conectividad.

En este índice, 21 municipios de Puebla fueron evaluadas junto con 19 ciudades más de Tlaxcala, para dar un total de 40 regiones que conforman la zona Puebla-Tlaxcala. En el rango nacional, la región Puebla-Tlaxcala se posicionó en el lugar 15 de 20, con un desempeño “Medio Bajo”, al presentar bajas calificaciones en temas como: transporte seguro, eficiencia y transparencia gubernamental, regulación y políticas públicas, así como economía dinámica y competitiva.

Lo anterior determinó que, en Puebla, el entorno de seguridad pública en la movilidad es deficiente, ya que existe una alta percepción de inseguridad en los distintos medios de transportes, impulsando la necesidad de cambiar los hábitos de transporte.

De igual forma, el desempeño de los 21 gobiernos locales resultó reprobado, así como el manejo de los recursos públicos que estos han destinado al transporte e infraestructura de sus respectivas ciudades.

En miras de esto, diversas organizaciones civiles y especialistas se unieron para presentar una iniciativa de Ley General de Seguridad Vial con la finalidad de proteger la vida, integridad física y la seguridad de la población.

La ley debe estar construida bajo el elemento más importante: los derechos del peatón. Así como el libre acceso de las personas con discapacidad que también encuentran serios obstáculos para trasladarse de un lugar a otro.

Para la elaboración y aprobación de la ley es necesario escuchar a todos los actores involucrados. Por ello, el Senado de la República abrió foros para enriquecer el proyecto de Ley General de Movilidad, pues es necesario iniciar un debate importante y profundo sobre la modernización de las formas de transporte, traslado y tránsito que hay en las ciudades para construir urbes mucho más amplias, incluyentes, seguras, saludables y ecológicas, que no se enfoque exclusivamente en el tránsito de los automóviles particulares.

El objetivo del foro es intercambiar puntos de vista, recoger información, contrastar opiniones de la sociedad civil, legisladoras, legisladores y de funcionarios de gobierno.

Este contó con la participación del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza; secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte de Puebla, Antonio Peniche; Secretario de Comunicación de Tlaxcala, entre otros. Además de Armando Pliego Ishikawa, jefe del Departamento de la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, quien ha estado activo en nuestro estado para buscar una mejor movilidad y respeto a los ciclistas y peatones.

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Ley General de Seguridad Vial, casi una realidad

El pasado 21 de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Este caso, como muchos otros, se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días.

Las cifras oficiales –presentadas en Animal Político– revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y el dato, año con año, va en ascenso. De acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tienen su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.

Por ello y desde hace cinco años, expertos y ciudadanos –agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos– trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que buscan establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de vía pública, desde peatones hasta automovilistas.

De acuerdo con Animal Político, la iniciativa se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y Senadores.

Esta Ley se sustenta en cinco principios rectores:

1. Gestión de la seguridad vial

2. Comportamiento de usuarios en vía pública

3. Vehículos seguros

4. Atención medica prehospitalaria

5. Infraestructura vial adecuada

Las medidas e innovaciones que incluirá la Ley General de Seguridad Vial se encuentran:

• Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad – la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.

• Licencias homologadas… y con examen – se plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores; para ello, se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país.

• Alcoholímetro más estricto y para todos –se establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad.

• Datos duros, confiables y transparentes – también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas más precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y, a su vez, la transparentará periódicamente.

• Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas – se establece lineamientos generales para que, a partir de su promulgación y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.

• Coches más seguros y contra daños a terceros – se ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que fabriquen en México, independientemente de la marca.

• Velocidades máximas homologadas – busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria, independientemente de la entidad federativa de la que se trate.

• Fondo Nacional de Seguridad Vial – se contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.

• Atención médica prehospitalaria – se establecerá, claramente, que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.

Una vez creado este marco regulatorio, se podrán asignar –desde la Federación– recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.

Un reto para la movilidad, cruzar la 11 Sur y Periférico Ecológico

Para que las personas estén en la posibilidad de ejercer su derecho a la ciudad es necesario, en primer término, que tengan la posibilidad de trasladarse con facilidad y eficiencia en el territorio y que, además, puedan elegir libremente la forma de desplazarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus centros de población.

Eso hace imperativo para los estados el generar políticas de movilidad, las cuales pueden conseguirse implementando acciones tales como crear planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad.

Ahora bien, es importante destacar que, en el rubro de prevención de accidentes, la tarea aún es larga, pues, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 1,2 millones de personas mueren en el mundo a causa de accidentes viales.

Por lo que hace a nuestro país, una referencia de este fenómeno nos la otorga el estudio “Principales causas en hechos de tránsito”, realizado por la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad (AMT), la cual arrojó como resultado que una cuarta parte de los conductores involucrados en accidentes desconoce la falta que comete.

El análisis revela que, en Puebla, al año se registran en promedio 12 mil accidentes de tránsitoEn 1.01 de cada 100 percances se presenta al menos una víctima fatal, mientras que en 3 de cada 10 se registra, al menos, una persona lesionada. Entre los factores de tránsito, el humano aparece en 85 por ciento de los casos, mientras que las condiciones del camino representan 10 por ciento, y las condiciones mecánicas de los autos, 5 por ciento, detalla el análisis.

En nuestra entidad federativa existe un sinnúmero de vialidades que representan un verdadero reto para la movilidad, como, por ejemplo, atravesar la 11 Sur y Periférico ecológico, donde no existen medios idóneas para que los peatones puedan cruzar, lo que ha generado víctimas, como el accidente del que se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, el 3 de octubre del año en curso, donde una pareja de esposos y su hija adolescente fueron atropellados la noche del domingo primero de octubre en la Prolongación 11 Sur y Periférico Ecológico por una camioneta cuyo conductor, al parecer, no respetó la luz roja del semáforo.

En el lugar se dijo que las víctimas, un hombre y una mujer de entre 40 y 45 años de edad, así como una adolescente de 12, salieron de Cholula y tenían como destino una vivienda en Agua Santa, a donde irían a ver a sus familiares. Al llegar a la Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico, bajaron de un Uber; sin embargo, al intentar cruzar la vialidad fueron arrollados.

En virtud de ello, considero que la seguridad vial es un problema que nos atañe a todos y que se deben implantar medidas activas para aumentar la seguridad en nuestras calles que permita a las personas desplazarse de manera segura. Por ello, como tu voz en el Congreso, presentaré un exhorto para que previo a los estudios de vialidad se implementen los mecanismos que permitan a las personas cruzar la Avenida 11 Sur y Periférico Ecológico de manera segura y evitar así accidentes viales.

Movilidad municipal a favor de la discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad más importante del siglo XXI, tiene como objetivo el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente, como se desprende de su artículo 1 denominado propósito.

Los principios generales que se desprenden de este tratado internacional, son; a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer, y h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Así se desprende de su artículo 3, denominado principios generales.

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el día treinta de marzo de dos mil siete, la cual fue ratificada por el Senado de la República el diecisiete de diciembre del mismo año, por ende, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 11 de junio del año 2011, la Convención forma parte de nuestro sistema jurídico nacional.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro país se obligó adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

En cumplimiento a ello el 30 de mayo del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, cuyo objeto es reglamentar lo conducente, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Reconocer a su vez de manera enunciativa y no limitativa, a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

El artículo tercero de dicho ordenamiento refiere que la observancia de la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En esa congruencia la Constitución del Estado de Puebla en su artículo 11 prohíbe toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad.

Atendiendo a lo anterior el día 12 de enero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla, la cual fue reformada por última vez el día 1 de agosto de 2016, cuyo objetivo es establecer las bases que permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. A su vez reconoce de manera enunciativa y no limitativa, sus derechos humanos, libertades fundamentales inherentes y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

La Ley para las personas con discapacidad del Estado de Puebla en su artículo 6 señala que son autoridades para la aplicación de la misma, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Titular del Poder Ejecutivo, a través de la administración pública centralizada y descentralizada y los Ayuntamientos de los Municipios.

El artículo 8 fracción II de la ley que nos ocupa determina que corresponde a los Ayuntamientos entre otros, emitir y revisar los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad a la vida en comunidad, de conformidad a lo establecido en la Ley.

Por otro lado, el artículo 80 fracción III la Ley Orgánica Municipal, señala que los reglamentos Municipales deberán contemplar, las bases y mecanismos que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común.

Ahora bien, en otro orden de ideas se hace necesario señalar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 15 por ciento de la población mundial, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. En nuestro país aproximadamente el 14 por ciento de la población, es decir, 16.5 millones de mexicanos, padecen alguna discapacidad. En nuestro Estado hay alrededor de 246 mil personas con una o más discapacidades, y en el Municipio de Puebla se registran cerca de 47 mil personas con algún tipo de discapacidad, 24 mil 327 con problemas visuales; 13 mil 623, intelectual y 6 mil 985 con dificultades auditivas y de lenguaje, esto de acuerdo al censo de población del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI).

Personas que se enfrentan a un sin número de obstáculos entre los cuales encontramos la falta de accesibilidad. Entendiéndose por accesibilidad como la posibilidad y facilidad que todo ser humano tiene para utilizar cualquier objeto, visitar algún lugar o tener acceso a un servicio.

Obstáculos que deben ser aminorados por las autoridades en razón de los ordenamientos antes señalados y los compromisos obtenidos por los Estados en la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, que impone a los líderes de los Estados miembros desarrollar las acciones que encaminen a garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a la ciudad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación.

Donde la movilidad urbana sustentable juega un papel primordial ya que esta permita la accesibilidad universal en condiciones de igualdad, esto es, garantiza que todos los ciudadanos tengan derecho a la cuidad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación, lo cual garantiza la movilidad segura y eficiente de personas con discapacidad.

Ahora bien, para garantizar a las personas con discapacidad la inclusión como lo enmarca la norma antes señalada, es necesario que las personas con discapacidad tengan la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal, sustentabilidad.

En ese sentido es necesario que las autoridades que tienen atribuciones en materia de personas con discapacidad realicen una serie de acciones, entre las cuales encontramos, la expedición y actualización de la norma. En el caso específico me refiero a los Ayuntamientos, en razón de que ellos son el primer contacto de la población con el gobierno y son los cuales tienen a su cargo las calles por donde se desplazan entre otros la personas con discapacidad.

Por ello, esta semana presentaré un exhorto a los Ayuntamientos de los Municipios de Puebla a efecto de que realicen todas las acciones encaminadas a la emisión, revisión de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que que posibiliten las bases y mecanismos que garanticen a las personas con discapacidad la capacidad, facilidad, eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal, sustentabilidad.

Esto porque las las personas con discapacidad requieren de una atención permanente y para que las autoridades estén en posibilidad de otorgarla, requieren de instrumentos actuales vigentes, armonizados con la norma internacional y nacional.