Buenas prácticas de reducción de riesgos

A lo largo de la historia de la humanidad, las ciudades han evolucionado sistemáticamente, haciendo frente y adaptándose a adversidades, ya fuera a través de la construcción de grandes murallas, obras de drenaje o de complejos sistema de gestión de agua.

Aun así, otros factores como desastres naturales, guerras y pestes terminaron con grandes ciudades, recalcando la necesidad, de un manejo de riesgos equilibrado e integrado.

Según el hidrólogo estadounidense, Kenneth Wright, los ingenieros y arquitectos paisajistas del siglo XV diseñaron y ejecutaron edificaciones, para garantizar la sostenibilidad de las obras en una zona de difícil acceso, afectada por sismos y lluvias frecuentes, con sistemas de drenaje que contaba con canales de alivio hacia donde se dirigían las aguas sobrantes. Lo cual podría considerarse como políticas públicas encaminadas a la resiliencia.

En la actualidad, las ciudades además de enfrentar sismos, desbordamientos e inundaciones, tienen que enfrentar los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables.

Lo anterior, hace necesario que se generen acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surjan de un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, y con ello, implementar acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental en materia de resiliencia urbana.

Esto en un marco estratégico ligado a una evaluación de riesgo, así como una serie de herramientas con las que afrontar los complejos desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades.

Con esto estaremos en la posibilidad de afrontar aquellos retos asociados a los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables, además de incrementar la resiliencia urbana, lo cual va a permitir se reduzca la vulnerabilidad de las ciudades.

Esto si reconocemos que las ciudades son puntos críticos de vulnerabilidad y que necesitamos un cambio de paradigma que nos permita incorporar la adaptación al proceso de planificación y gestión urbana.

En merito de lo anterior, es que se hace necesario exhortar a los Ayuntamientos del estado, en los que se encuentran asentadas ciudades, para que en la medida sus posibilidades y previa a una evaluación de riesgo, generen políticas públicas encaminadas a buenas prácticas de reducción de riego, que sean la herramienta para afrontar desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades y que amenazan el bienestar de la población, particularmente la de los segmentos más pobres, que a menudo son los más vulnerables.

Ello con fundamento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, que determina que corresponde a los municipios, entre otras, generar estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la Fundación y Crecimiento de los Centros de Población y para fomentar la Gestión Integral del Riesgo y la Resiliencia Urbana en el marco de derechos humanos.

Nueva Agenda Urbana

Con la certeza de que Puebla tiene en sus mujeres y hombres, jóvenes, niños, personas de la tercera edad y discapacitados, una riqueza invaluable que nos distingue en México y en el mundo, estoy convencido de que la sociedad caminará hacia la consolidación  de la Nueva Agenda Urbana en la que ya estamos participando para hacer las adecuaciones y los nuevos planes, con el objeto de ir construyendo ciudades más equitativas y, sobre todo, sustentables.

No obstante, solo con acciones concretas podremos dar cumplimiento a los requerimientos. Ello implica, primero, garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante medidas inmediatas.

Y es que lo que se pretende es generar las condiciones para que todos los ciudadanos, sin distingos, tengan las mismas oportunidades de desarrollo en un ambiente en donde se favorezca a la ecología, la movilidad, la sustentabilidad y el crecimiento ordenado.

Con su adhesión a la Nueva Agenda Urbana, Puebla está comprometida a desarrollar las acciones que encaminen a: proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos; garantizar que todos tengan acceso a la igualdad de oportunidades y libres de discriminación; promover medidas en apoyo de ciudades más limpias; así como a fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres.

De la misma forma existe el compromiso para tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero; respetar plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados internos, independientemente de su situación migratoria; mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas y promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos.

En esa congruencia el artículo 2 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, determina que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

En la tarea de espacios seguros además de los ordenamientos antes referidos, los Municipios encuentran su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Ahora bien, es importante destacar que, en el rubro de promoción de espacios públicos, seguros, accesibles y ecológicos, la tarea que deben desarrollar los países miembros es ardua y con un camino largo que seguir, pues según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 1,2 millones de personas mueren en el mundo a causa de accidentes viales.

Por lo que hace a nuestro país, una referencia de este fenómeno nos la otorga el estudio “Principales causas en hechos de tránsito”, realizado por la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad (AMT), la cual arrojó como resultado que una cuarta parte de los conductores involucrados en accidentes, desconoce la falta que comete.

El análisis revela que, en Puebla, al año se registran en promedio 12 mil accidentes de tránsito. En 1.01 de cada 100 percances, se presenta al menos una víctima fatal; mientras que en tres de cada 10, se registra, al menos, una persona lesionada. Entre los factores de tránsito, el humano aparece en 85 por ciento de los casos, mientras que las condiciones del camino representan 10 por ciento y las condiciones mecánicas de los autos, cinco por ciento, detalla el análisis.

En el rubro de accidentes por las condiciones del camino, resulta un imperativo para los gobiernos en el ámbito de sus competencias, aumentar la seguridad, instalar nueva infraestructura, mejorar la ya existente, la construcción de caminos y procurar que transitar por las aceras sea en condiciones de seguridad.

No obstante, lo anterior quiero poner de su conocimiento que la semana próxima pasada, al transitar sobre la acera del boulevard Municipio Libre casi al llegar a la avenida Atlixcáyotl en la localidad de Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula, me percate que existe a un costado de la acera un socavón de caída libre sin protección de aproximadamente veinte metros, lo que pone en peligro la vida de las personas que transitan por la misma y que puede generar accidentes por condiciones de camino.

Por ello me comprometí, como ciudadano y como diputado estatal, a incidir mediante un exhorto para que las autoridades Municipales en uso de sus atribuciones, ejerzan acciones encaminadas a evitar accidentes en el tramo de vialidad a que me referí, y así las personas puedan gozar de su derecho a la ciudad en condiciones de seguridad, donde sus traslados a sus destinos sean en condiciones óptimas.

Evitemos las posibles tragedias. Como sociedad debemos actuar responsablemente, esa actitud contribuirá en mucho en el cumplimiento de los requerimientos de la Nueva Agenda Urbana.