La justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos

La “justicia restaurativa” es un proceso en el que las partes implicadas en un delito determinan de manera colectiva las formas en que habrán de manejar sus consecuencias e implicaciones. Esta es una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión y promoviendo la armonía social a través de un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad.

Este tipo de justicia es una teoría que busca poner énfasis en la reparación del daño causado por una conducta delictiva, asimismo, busca superar la lógica del castigo o del dolor, proponiendo que las partes pueden llegar a una solución dependiendo de la gravedad del delito.

Es diferente a la “justicia retributiva”, enaltecida en el sistema actual de justicia. El contraste es que el castigo es sustituido por la aceptación de la responsabilidad de los hechos y por la búsqueda de métodos de reparación del daño causado. Para ello se necesita la participación en el proceso restaurador tanto del ofensor como de la víctima y, en su caso, de terceros interesados en que las cosas lleguen a buen puerto.

En el Congreso Internacional de Budapest de 1993 la “justicia restaurativa” o “restauradora” ganó esta denominación frente a otros términos que también se utilizaban para nombrarla, tales como “justicia positiva”, “pacificadora”, “temporal”, “transformadora”, “comunitaria”, “conciliativa”, “conciliadora”, “reparativa”, “reparadora”, “restitutiva”, “reintegradora” o “reintegrativa”.

Dicha expresión se considera más conveniente, pues busca responder al delito de una manera constructiva partiendo de la tesis de que “es necesario el reconocimiento de las víctimas y sus derechos”, de una “reparación del daño”, a partir de las necesidades de las partes y la construcción de un estado de paz.

El proceso de restauración busca habilitar a las víctimas, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que participen directa y activamente en la respuesta del delito con la vista puesta en la reparación y, como ya se mencionó, en la paz social, basándose en parte en las 3 “R”: Responsabilidad, Restauración y Reintegración:

  • Responsabilidad tanto del ofensor como de cada persona que deba responder por sus acciones u omisiones.
  • Restauración de la víctima, quien necesita ser reparada y requiere abandonar su posición de dañado, así como de toda la sociedad.
  • Reintegración del infractor, quien necesita restablecer los vínculos con la sociedad y del buen desempeño de todos los integrantes para su correcto funcionamiento.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los procesos restaurativos para alcanzar los fines son la mediación, conciliación, celebración de conversaciones y las reuniones para decidir condenas.

En el convenio resultante se podrán incluir programas y respuestas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad encaminados a la atención de las necesidades y responsabilidades, así como para lograr la reintegración de la víctima y del delincuente.

En cuanto al modo de aplicación de los programas la ONU hace las siguientes recomendaciones:

  1. Que puedan ser utilizados en cualquier etapa del sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación local.
  2. Solo se podrá disponer de los métodos restaurativos de justicia cuando existan pruebas suficientes para inculpar al delincuente con el consentimiento voluntario de la víctima y del malhechor.
  3. La víctima y el delincuente deberán estar de acuerdo sobre su participación en los procesos y acuerdos restaurativos. La participación del delincuente no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos judiciales.
  4. Las desigualdades de posiciones y las diferencias culturales deberán ser tomadas en cuenta para poder someter el asunto a método restaurativo.
  5. La seguridad de las partes deberá ser tomada en consideración al momento de la realización del método restaurativo de solución de conflictos.

En nuestro país los medios alternativos de solución de controversias en materia penal constituyen herramientas del sistema acusatorio ideales para ampliar y facilitar el acceso a la justicia ya que permiten equilibrar diferencias surgidas con motivo de la denuncia o querella por la comisión de un hecho delictivo sin necesidad de hacer uso de métodos adversos y con un esquema de confrontación como el juicio.

Mediante procedimientos basados en la oralidad y la confidencialidad las instituciones de procuración e impartición de justicia tienen la facultad de ofrecer la citada alternativa, tanto a las víctimas como a los imputados, desde el inicio del procedimiento penal hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio o de la formulación de las acusaciones, así lo informó un comunicado de prensa.

Con la implementación de los juicios orales y la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal se deja a un lado al proceso judicial como el único método para hacer efectiva la justicia y se propone a la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa como herramientas de igual importancia para ofrecer a las partes una oportunidad a fin de encontrar acuerdos viables y duraderos.

Los beneficios de la justicia restaurativa consisten en que las autoridades judiciales contemplen a los medios alternativos como opciones para evitar los posibles efectos del encarcelamiento, ayudar a reducir el número de causas que se presentan ante los tribunales penales y tutelar los intereses de las víctimas u ofendidos.

Los principios rectores de los medios alternativos de solución de conflictos son la voluntariedad, la confidencialidad, la flexibilidad y simplicidad, la imparcialidad y la equidad, indispensables para fomentar la cultura de la paz, mejorar la percepción de la justicia y promover una respuesta diferente ante el conflicto.

En nuestra entidad federativa la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla –publicada el 30 de diciembre de 2013– tiene como finalidad promover y regular la mediación como medio alternativo de solución de conflictos, sin que refiera a la justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 115 fracción III, señala que las Comisiones se encuentran facultadas para examinar, instruir y poner en estado de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y emitir, en su caso, los dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus actuaciones.

Además, el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla -publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2012- señala que las Comisiones Generales, con relación a los asuntos de su competencia, emitirán sus resoluciones en forma colegiada.

Y refiere que le compete a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia lo siguiente:

  1. a) Asuntos y/o peticiones relacionadas con la adecuación del marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia.
  2. b) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

A partir de lo anterior exhorto respetuosamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de esta soberanía a que realice el análisis correspondiente a la justicia restaurativa como medio alternativo de solución de conflictos para que se lleven a cabo todas las gestiones encaminadas a promover la iniciativa de reforma a la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla, publicada el 30 de diciembre de 2013.

Exhorto Profeco

El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que toda persona tiene derecho a recibir educación. Asimismo, señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por otro lado, es necesario hacer referencia a la Ley Federal de Protección al Consumidor –ley de orden público e interés social–, cuyo objeto es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Esta ley determina, en su artículo 1°, que son principios básicos en las relaciones de consumo la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor; la educación y divulgación sobre el consumo; la información sobre los diferentes productos y servicios; la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales; el otorgamiento de información a los consumidores para la defensa de sus derechos; la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo; la protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; la libertad de construir grupos.

El Artículo 8 de la misma ley –mediante la Procuraduría Federal del Consumidor– verifica que se respeten los precios máximos, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.

De igual forma, el Artículo 20 señala que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

El mismo ordenamiento refiere que la Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación y monitoreos –o por cualquier otro medio– el cumplimiento de la ley. Donde las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar la información o documentación necesaria que les sea requerida.

La exposición anterior se debe a que el próximo mes inician las clases en todo el país y los padres y madres de familia tendrán que adquirir la lista escolar –uniformes, útiles, mochilas, calzado, libros y artículo de papelería–, y se enfrentarán al alza de precios de algunos establecimientos –algunos irracionales por la excesiva demanda de los productos–.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de la INEGI, en 2016 se presentó un continuo incremento porcentual llegando hasta el 12.4% del gasto de los hogares destinado a la educación.

Por ello, con el fin de mantener una calidad de vida en los hogares, se hace necesario incidir, desde esta Soberanía, para pedir respetuosamente al delegado de la Profeco en la entidad que, en uso de sus atribuciones, realice los operativos tendientes y acuda a los comercios que ofertan las listas escolares y demás productos que piden a los padres de familia para el regreso a clases. Esto con la finalidad de verificar que los precios sean los previamente establecidos y que no exista incrementos injustificados, para así evitar prácticas que atenten contra el gasto de las familias y mantener su bienestar, lo cual –sin duda– se verá reflejado en su calidad de vida.

Vigilar las inscripciones

La educación es uno de los derechos sociales, el cual se encuentra dictaminado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En congruencia con dicho artículo, la educación debe ser accesible para todos y bajo criterios de calidad y equidad.

La educación es clave en el desarrollo de los seres humanos, pues la misma da acceso a un mejor empleo y calidad de vida digna y, por lo tanto, es uno de los principales igualadores sociales.

La Constitución Política determina que toda persona tiene derecho a recibir educación y que toda educación que el estado imparta debe ser totalmente gratuita. La Ley General de Educación, por su parte, señala en su artículo 6 que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Este artículo también señala que queda prohibido el pago que condicione la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos.

Esto significa que la educación que imparta el estado debe ser gratuita y que, como cita la ley mencionada, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún momento se tomarán como pago del servicio.

Lo anterior hace posible que las instituciones educativas sí cobren alguna cuota de inscripción, la cual previamente debe ser aprobada por los padres de familia, lo que otorga la posibilidad de cobro de este tipo de cuotas, lo que, a su vez, ocasiona que algunas instituciones educativas se excedan en el cobro de las mismas.

Se debe recordar que algunas personas no tienen los recursos suficientes para aportar la cantidad que la sociedad de padres les solicita, lo que propicia un problema mayor.

Po todo lo anterior propongo adherir al artículo 17 de la Ley Orgánica el acuerdo único que exhorta a la Secretaría de Educación Pública en el Estado para que en el uso de las facultades que la ley le confiere vigile en los procesos de inscripción a las instituciones públicas para que el pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres de familia tengan el carácter de voluntario, no así obligatorio, y que al mismo tiempo sea congruente con la posibilidad económica de los padres de familia.

Participación ciudadana en el desarrollo urbano

El artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución General determina la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

señala en el artículo 3 fracción XXVI que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental.

A su vez, señala que se entiende por desarrollo urbano el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, esto en el mismo artículo, pero en la fracción XIII.

También, la fracción XIV, del mismo artículo 3, refiere que por desarrollo metropolitano se entiende el proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios en zonas metropolitanas que, por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada con los tres órdenes de gobierno, de acuerdo a sus atribuciones.

El artículo 19, del mismo ordenamiento, señala que para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conformarán los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, las comisiones metropolitanas y de conurbaciones, y los consejos municipales de desarrollo urbano y vivienda, de ser necesarios.

En el último párrafo de dicho dispositivo se desprende que corresponderá a los poderes ejecutivos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales la creación y apoyo en la operación de tales consejos, en sus respectivos ámbitos territoriales.

Se hace necesario recalcar que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, obliga a los gobiernos locales y municipales a convocar en un plazo de seis meses a la instalación de los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano.

En otro orden de ideas, debemos poner énfasis en que la nueva realidad metropolitana en la que vive más de la mitad de los mexicanos requiere una nueva actitud frente a la responsabilidad conjunta que implica su planeación y coordinación. Por ello, resulta necesario establecer los espacios efectivos para la participación ciudadana en el desarrollo de sus ciudades y asentamientos, como una herramienta y oportunidad para fomentar la cohesión social y la consolidación democrática.

En razón de lo anterior y en cumplimiento del artículo sexto transitorio del decreto que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y con el objeto de hacer espacios efectivos de participación ciudadana en el desarrollo de ciudades que aseguren la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, se hace necesario exhortar a los ayuntamientos urbanos del estado a que creen Consejos de Participación Ciudadana de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

Buenas prácticas de reducción de riesgos

A lo largo de la historia de la humanidad, las ciudades han evolucionado sistemáticamente, haciendo frente y adaptándose a adversidades, ya fuera a través de la construcción de grandes murallas, obras de drenaje o de complejos sistema de gestión de agua.

Aun así, otros factores como desastres naturales, guerras y pestes terminaron con grandes ciudades, recalcando la necesidad, de un manejo de riesgos equilibrado e integrado.

Según el hidrólogo estadounidense, Kenneth Wright, los ingenieros y arquitectos paisajistas del siglo XV diseñaron y ejecutaron edificaciones, para garantizar la sostenibilidad de las obras en una zona de difícil acceso, afectada por sismos y lluvias frecuentes, con sistemas de drenaje que contaba con canales de alivio hacia donde se dirigían las aguas sobrantes. Lo cual podría considerarse como políticas públicas encaminadas a la resiliencia.

En la actualidad, las ciudades además de enfrentar sismos, desbordamientos e inundaciones, tienen que enfrentar los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables.

Lo anterior, hace necesario que se generen acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surjan de un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, y con ello, implementar acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental en materia de resiliencia urbana.

Esto en un marco estratégico ligado a una evaluación de riesgo, así como una serie de herramientas con las que afrontar los complejos desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades.

Con esto estaremos en la posibilidad de afrontar aquellos retos asociados a los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables, además de incrementar la resiliencia urbana, lo cual va a permitir se reduzca la vulnerabilidad de las ciudades.

Esto si reconocemos que las ciudades son puntos críticos de vulnerabilidad y que necesitamos un cambio de paradigma que nos permita incorporar la adaptación al proceso de planificación y gestión urbana.

En merito de lo anterior, es que se hace necesario exhortar a los Ayuntamientos del estado, en los que se encuentran asentadas ciudades, para que en la medida sus posibilidades y previa a una evaluación de riesgo, generen políticas públicas encaminadas a buenas prácticas de reducción de riego, que sean la herramienta para afrontar desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades y que amenazan el bienestar de la población, particularmente la de los segmentos más pobres, que a menudo son los más vulnerables.

Ello con fundamento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, que determina que corresponde a los municipios, entre otras, generar estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la Fundación y Crecimiento de los Centros de Población y para fomentar la Gestión Integral del Riesgo y la Resiliencia Urbana en el marco de derechos humanos.

Planeación del desarrollo con un enfoque equitativo

Las suposiciones esbozadas en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, reflejan que en el año 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%, ello implica que las ciudades y centros de población son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural.

En México, a partir de la década de 1980, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. En el año 2000 existían 343 ciudades de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de personas que representaban el 63.3% de la población nacional; Para el año 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país.

Ello refleja un fuerte proceso migratorio, que dio origen al despoblamiento de las localidades rurales y la concentración de la población en zonas donde se agrupan las principales actividades de un centro de población, originando la formación de grandes ciudades cuyas dimensiones demográficas, geográficas y funcionales desbordan los límites político-administrativos del territorio sobre el que se expanden, dando lugar así a la formación de zonas metropolitanas.

Ahora bien, con la aprobación de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en Quito Ecuador, los líderes de los Estados Miembros se comprometieron, en materia de planeación de desarrollo, a incorporar en los esquemas de planeación del desarrollo un enfoque de gestión integral y sostenible del territorio, promoviendo el crecimiento equitativo de las regiones y reforzando vínculos entre las áreas urbanas, periurbanas y rurales, con el fin de establecer relaciones productivas y armónicas entre los distintos ámbitos.

Donde se debe innovar en la gestión metropolitana, mediante mecanismos de planeación, gobernanza, asociación y financiamiento adecuados para garantizar la calidad, eficiencia y asequibilidad de los bienes y servicios que demandan los habitantes de zonas conurbadas, asegurando la coordinación adecuada con los gobiernos nacionales.

En razón de lo anterior, es de señalar que, en los asentamientos humanos, es primordial la planeación, mediante los mecanismos de planeación, donde uno de los instrumentos para la planeación urbana, es la carta urbana, la cual, es un producto cartográfico que manifiesta las políticas públicas de uso de territorio de acuerdo a un programa de desarrollo urbano, que presenta de forma gráfica la propuesta de una estrategia urbana, en términos de los usos de suelo, destinos y reservas territoriales.

Documento que presenta gráficamente y de manera interactiva un instrumento de planeación, mediante el cual se establecen las zonas aptas para el crecimiento urbano, las zonas que no son susceptibles de urbanizar por diversas condicionantes. Donde se encontrarán el limite municipal, el límite del área urbanizable, corredores urbanos, zonificación de proyectos urbanos, uso de suelo, densidades, principales equipamientos, cartera de proyectos estratégicos, centros de barrios, zonas de protección ambiental.

Por ello, con el objeto de incorporar en los esquemas de planeación del desarrollo un enfoque de gestión integral y sostenible del territorio, que promueva el crecimiento equitativo de las regiones y reforzando vínculos entre las áreas urbanas, periurbanas y rurales, y para innovar en la gestión metropolitana, el día de mañana presentaré un exhorto a los Ayuntamientos que conforman las zonas metropolitanas en la entidad, para que instruyan a sus áreas competentes, realicen todas y cada una de las acciones encaminadas a la homologación de sus cartas urbanas.

Derecho a la Ciudad y al Espacio Publico, en Santa María Tonantzintla

La localidad de Santa María Tonantzintla, es una Junta Auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, que se encuentra ubicada aproximadamente 10 km al suroeste de la ciudad de Puebla, y a 4 km al sur del centro de San Pedro Cholula.

El nombre de Tonantzintla viene de las palabras en náhuatl to que significan “nuestro” o “nuestra”, nan que significa “madre”, el sufijo tzin denota nobleza, lo que nantzin viene a significar “señora madre”, y tla, que significa “junto a” o “cerca de”. Por lo tanto, Tonantzintla significa en conjunto “Lugar junto a nuestra Señora Madre”.

En la cultura mexica, Tonantzin era una diosa identificada con la tierra, cuyo nombre significa literalmente “Nuestra Madre”, a la llegada de los españoles se le añadió el nombre de “Santa María”, en honor a la Virgen María. En la localidad de Santa María Tonantzintla, cada año en la semana santa se realiza el viacrucis de jueves santo, en donde participa la comunidad para la representación del calvario.

Uno de los atractivos con que cuenta, la localidad de Santa María Tonantzintla, es un templo del siglo XVI que enmarca el arte barroco popular por excelencia, templo fue declarado monumento histórico el 11 de noviembre de 1933.

En el mes de enero el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, por medio de su Presidente Municipal, dio a conocer que en coinversión con el gobierno del estado destinaría 9 millones de pesos en 2 etapas para construir el “Barrio Smart en la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla”, aun lado y alrededores del templo del siglo XVI.

La población de la Junta Auxiliar reiteradamente se ha opuesto a la construcción del barrio Smart, en diversas ocasiones han manifestado su descontento por la obra; por ello conformaron el Comité “Comisión de Ciudadanos de Santa María Tonantzintla”.

El Comité “Comisión de Ciudadanos de Santa María Tonantzintla”, y la población están en desacuerdo, pretenden: se cancele el proyecto; se restituya el puentecito y el empedrado tradicional; se respete la participación ciudadana; así como la intervención del INAH.

Por ello, es necesario incidir desde el Congreso del Estado para; exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que informe a los habitantes de Santa María Tonantzintla, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, a través del representante común del Comité “Comisión de Ciudadanos de Santa María Tonantzintla”, si existe por parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, la petición de permiso para la obra “Barrio Smart”; al Gobierno del Estado, y al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, para que instruyan a sus áreas respectivas competentes, implementen los mecanismos necesarios que permitan la participación ciudadana en el proyecto la obra “Barrio Smart”; y al Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, para que suspenda la obra, hasta en tanto en cuanto, se garantice el derecho a la ciudad y al espacio público de los habitantes.

Luminarias para el periférico ecológico.

El servicio público debe consistir en una actividad prestacional, es decir, una actividad que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de cualquier naturaleza. Dentro de los servicios públicos, encontramos el de alumbrado público, con el cual se pretende dar seguridad a los ciudadanos, pues una calle, vialidad, o carretera, bien iluminada inhibe a los delincuentes por el temor a ser sorprendidos por la autoridad. Así también, da mayor visibilidad a los conductores, y como consecuencia se previenen accidentes viales. Por otro lado, es de precisar que la Nueva Agenda Urbana, compromete a los líderes de los Estados Miembros desarrollar las acciones que encaminen, entre otras, a mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas; promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos.

Derivado de lo anterior, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, específicamente en su artículo 2, determina que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

Por ello para que las personas estén en la posibilidad de ejercer su derecho a la ciudad, es necesario, entre otros aspectos, la seguridad en los espacios públicos, lo cual nos va a permitir acceder a los mismos, sin riesgo alguno, para lo cual, es necesario que los espacios públicos, se encuentren iluminados, pues como referimos con antelación ello inhibe a los delincuentes y da mayor visibilidad a los conductores con lo que se previenen accidentes viales.

Eso hace imperativo a los estados el generar políticas que nos permitan el derecho a la ciudad y para ello es necesario que las vialidades sean seguras, y que la seguridad de las mismas se pude obtener mediante la iluminación de las mismas, pues ello inhibe a los delincuentes y permite que los conductores tengan una mejor visibilidad de la vialidad evitando accidentes viales.

Ahora bien, en la entidad federativa, la carencia de alumbrado en tramos de hasta un kilómetro y medio, es una constante del Periférico Ecológico, donde frecuentemente se han reportado apagones y retiro de lámparas.

Según las quejas de usuarios frecuentes de la vialidad, así como el uso de esta vialidad, nos ha llevado a percatar que uno de los tramos que carecen de iluminación en el periférico ecológico son el tramo que corresponde a la carretera federal a Tehuacán y de la federal a Tehuacán hasta la veinticuatro sur, por señalar algún tramo que carece de luminarias.

En razón de lo anterior, se desprende que todos tenemos derecho a la ciudad y que para gozar de la misma es necesario que los gobiernos generen políticas de movilidad, donde todos podamos llegar a nuestros destinos de la manera más rápida segura; y que al carecer de luminarias en algunos tramos del periférico se causan accidentes viales, lo que representa un reto para la movilidad y que incluso el mismo ha generado accidentes.

En eso tenor presentare en la próxima sesión del Congreso del Estado, un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, para que en coordinación con la federación y los Municipios sobre los que pasa el periférico ecológico, realicen en el ámbito de sus competencias, todas las acciones encaminadas a detectar los tramos del periférico ecológico en los que se carece de luminarias o las mismas no son funcionales, y una vez lo anterior, se generen las acciones tendientes a iluminar en su totalidad el periférico ecológico.

Para que los usuarios de estacionamientos se sientan seguros

En Puebla, en el periodo 2011-2016 el robo de vehículo con violencia se disparó en un 84 por ciento, al pasar de 643 a 1 mil 182 denuncias, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El parque vehicular de nuestra entidad es de 1 millón 366 mil 819 unidades hasta 2015, lo que representa el 3.91 por ciento del total de vehículos que hay en el país, es decir que hay un vehículo por cada cuatro habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Ante el robo de vehículos, los estacionamientos constituyen un servicio público fundamental para la movilidad urbana, así como para la vida económica y social.

Por ello, los propietarios prefieren estacionar su automóvil en un estacionamiento que les ofrece seguridad y comodidad, para lo cual, pagan una tarifa regulada por diversas disposiciones.

A pesar de que los estacionamientos cobran una tarifa por brindar un servicio de seguridad para los automóviles de las personas, es muy común que muchos de ellos promuevan, ya sea mediante anuncios o al reverso de los boletos que se les entregan a los usuarios, la siguiente leyenda: “No nos hacemos responsables por los daños/pérdidas y/o robos totales y parciales que pueda sufrir su auto al interior del estacionamiento”.

Esto genera una sensación de incertidumbre, preocupación e indignación para los usuarios, porque advierte que una parte importante del patrimonio de las personas se encuentra en riesgo, a pesar de pagar por un servicio para protegerlo.

Aunado a todo lo anterior y derivado de que, en nuestra entidad federativa, se han incrementado el número de robo de llantas en los estacionamientos de Puebla y la zona metropolitana, como es el caso, por señalar algunos, el estacionamiento del Hospital Ángeles, Centro Comercial Plaza Las Torres, en el Centro Comercial Angelópolis, donde han dejado sin llantas a varios vehículos.

Lo que sucede por la poca vigilancia y que los dueños de los centros comerciales no se hacen responsables de las pérdidas.

Por ello se considera necesario exhortar a los Ayuntamientos de las zonas metropolitanas, instruyan a sus áreas competentes generen las adecuaciones a sus ordenamientos correspondientes, para que los titulares de los estacionamientos u operadores de estacionamientos tengan la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que cubra los daños y robos, tanto totales como parciales, que pudieran sufrir los vehículos que son depositados en estos establecimientos.

Espacios públicos seguros, accesibles, verdes y de calidad

En variadas ocasiones el espacio público no es lugar protegido, pues en algunos casos no está diseñado para dar seguridad sino para cumplir funciones como transitar o estacionar el auto, esto lleva a que los espacios no protegidos se vean apropiados por indigentes, delincuentes. Lo anterior conlleva a que el espacio público sirva como reflejo de los problemas de injusticia social, económica y política, y que a su vez provoca el miedo de algunas personas, la marginación y la violencia urbana.

Por ello  el papel de la autoridades, es primordial a la hora de mantener espacios públicos, pues aunque estos espacios son responsabilidad de todos, el gobierno municipal o ayuntamiento tiene el deber de mantenerlos, seguros, limpios y existentes en cada comunidad; sin embargo, esto muchas veces no funciona de esta manera lo cual lleva a muchas de las problemáticas mencionadas y esto termina en el abandono o en la apropiación de nuevos espacios que se adapten mejor a las necesidades de los ciudadanos.

No obstante, lo anterior, los acuerdos adquiridos en ONU-HABITAT, la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, el interés por los espacios púbicos ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen un fácil acceso a estos. Los motivos pueden ser variados; la delincuencia, el descuido o el desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades.

Tal es el caso de las colonias del sur, en específico en el fraccionamiento los Héroes Puebla, la cual tiene un total de 10 mil 891 viviendas; colonia considerada de las más grandes de puebla.

Fraccionamiento sobre el cual he recibido una serie de peticiones relacionadas con el mal estado en el que se encuentran las calles, avenidas, calzadas, paseos, camellones, circuitos viales, glorietas, pasos peatonales, aceras, parques públicos, y demás áreas públicas y sitios de uso común.

Me comentan que donde están colocados los juegos infantiles de fierro, los mismos están destrozados e inservibles, en algunos casos por el desgaste natural del tiempo y en otros porque los delincuentes los desmantelan, lo que representan un riesgo para los niños que pese a las condiciones de los mismos los utilizan.

Por otro lado, en los parques, las glorietas, camellones, aceras, donde existe pasto, los habitantes del fraccionamiento se quejan, de que los mismos se encuentra sin podar, lo que genera que las personas tiren basura y que los perros realicen sus necesidades en el mismos, generando focos de infección.

Otro problema que refieren los habitantes del fraccionamiento es el sistema de recolección de basura, pues consideran que no es el adecuado; también refieren que la inseguridad está a la orden del día.

Por ello esta semana como tu voz en el Congreso exhorte al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que genere un programa de rescate a los espacios públicos asentados en el Fraccionamiento los Héroes Puebla; el cual comprenda, calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos viales, glorietas, pasos peatonales, aceras, plazas, parques, y demás áreas públicas y sitios de uso común. Así también exhorte al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que instruya al área competente, realice en el Fraccionamiento los Héroes Puebla, todas y cada una de las acciones encaminadas a mejorar el sistema de recolección de basura; y para que instruya al área competente, realice en el fraccionamiento los Héroes Puebla, todas y cada una de las acciones encaminadas a intensificar el patrullaje.