Empoderamiento ciudadano en el combate a la corrupción

La corrupción es uno de los problemas que más lesiona a la sociedad, pues afecta económicamente, socialmente y políticamente, además de que genera inestabilidad, desigualdad e injusticia.

Por ello para atender el problema de la corrupción, desde su prevención hasta su sanción, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

En la reforma constitucional, se sentaron las bases para instrumentar el “Sistema Nacional Anticorrupción”, que será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección, y sanción. Para este sistema se instituyo un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalía especialidad en combate a la corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana (constituido por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

El Decreto de reforma constitucional, dispuso en su artículo cuarto transitorio que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias expedir las Leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes generales correspondientes.

En esa congruencia el 4 de noviembre de 2016, se publicó el Periódico Oficial del Estado de Puebla; el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la corrupción, y el 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

Esta ley dispone las reglas bajo las cuales deberá operar el sistema, como las de coordinación entre los entes públicos del Estado de Puebla para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, establece las directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

En la fracción I, inciso a) del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, establece que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de los cuales cinco serán propuestos por Instituciones de Educación Superior y de Investigación.

Por ello el 24 de mayo de 2017, por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió la Convocatoria Pública para elegir cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

En ese proceso, ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a Corrupción, de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, los días veintidós y veintitrés de mayo, se escucharon las propuestas de trabajo de los aspirantes a integrar la Comisión de Selección, que tendrá a su cargo la integración del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

En dichas comparecencias participaron 19 ciudadanos, todos ellos con muy buenos perfiles, pero sobre todo con un gran interés de participar en este novedoso ejercicio democrático y compromiso para conyugar en el combate a la corrupción en nuestro Estado. En hora buena a todos los participantes de los cuales en los próximos días tendremos la difícil tarea de escoger a solo 9 de ellos.

Sin duda la integración de esta Comisión es un ejercicio de participación ciudadana que representa una herramienta activa de fiscalización ciudadana, pero también un mecanismo para la rendición de cuentas y un medio para la inhibición de los actos de corrupción. Herramienta que empodera al ciudadano en el combate a la corrupción.