Protección a personas adultas mayores del estado de Puebla

De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 2050 la población de las personas de la tercera edad se duplicará, es decir, este grupo pasará de 605 millones a 2 mil millones en el transcurso de medio siglo.

La Organización también señala que muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas, pues en los países desarrollados entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa.

En los centros asistenciales para las personas maduras se cometen actos abusivos, como amarrar de las manos a los pacientes y negarles una buena asistencia. El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración.

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana en asilos o en hospitales.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el Inegi, en Puebla hay 115 mil 435 habitantes con 65 años o más, lo que representa el 7.3% de la población del municipio. La encuesta también revela que en el estado de Puebla hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes.

Uno de los problemas que enfrentan los estados al incrementarse el número de personas mayores es el aumento de marginación y discriminación de los que esta población es víctima.

La marginación y discriminación a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad ya que es un problema social que afecta los derechos humanos de millones de personas mayores y merece la atención de la comunidad internacional.

Para evitar que los adultos mayores sean marginados o discriminados socialmente y se tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades es sumamente necesario reformar la Ley de Protección a los Adultos Mayores del Estado de Puebla.

Esto para incluir la prohibición de marginar o discriminar a los adultos mayores tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, atendiendo a que todos, sin distinción de sexo, raza o edad, tienen derecho a gozar de la ciudad y, por ende, de los espacios públicos.

Por lo anterior, presento ante el Congreso del estado de Puebla la iniciativa que adiciona el artículo 5 bis a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, la cual dicta que ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Menores, personas con discapacidad y adultos mayores, prioritarios en programas de protección civil

El Diagnostico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el riesgo de desastre, señala que los asentamientos en nuestro país se encuentran expuestos a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.

En el tema específico de los sismos, cronológicamente, México se ha visto devastado por grandes terremotos que han tenido consecuencias incalculables, por señalar los más significativos, podemos referir los siguientes; el 28 de marzo de 1787; el de 19 de noviembre de 1912; el del 3 de enero de 1920; el del año de 1957; el del 19 de septiembre de 1985; el del 4 de abril de 2010; el del 2012; el del 7 de septiembre de 2017; el del 19 de septiembre del año pasado, donde un temblor de 7.1 grados con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió de forma violenta el centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, se puso en evidencia que los más afectados fueron los grupos vulnerables, como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes por su grado de vulnerabilidad requieren de una mayor atención en el caso de algún desastre natural.

Por ello se hace necesario que, en la elaboración y actualización de los protocolos de actuación, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con el más efectivo respaldo del Estado, con políticas públicas de prevención que atiendan a las necesidades específicas de todos los sectores de la población, pero en particular, a los más vulnerables.

Lo anterior encuentra su justificación en que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, son grupos con mayor vulnerabilidad, por la condición de debilidad en la que se encuentran.

Es por ello que el 22 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, con esta reforma se añadió como atribución para la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, la de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los de municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescente, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en sus programas de protección civil.

Ello hace necesario adecuar el marco local al marco federal, pues se considera prioritario que en los protocolos de actuación se contemplen la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, pues la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil no lo contempla.

Por ello se propone adicionar al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, una fracción VII Bis, para añadir que en la elaboración y/o actualización de programas de protección civil del Estado y los Municipios, se prevean protocolos de actuación, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Políticas a favor de los adultos mayores

La Organización Mundial de la Salud señala que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.

En nuestro país las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), indican que para el año 2050 habrá una población de 150 millones, 837 mil 517 mexicanos, y se estima que más de la cuarta parte serán adultos mayores, cuyo promedio de esperanza de vida será de 79.4 años, 81 .6 años para las mujeres y 77.3 para los hombres. Asimismo, valora que, por cada 100 habitantes en edad laboral, 10 serán personas de 65 años o más.

De acuerdo con el último censo de población en el año 2010, las Entidades Federativas con la mayor población 60 años y más eran, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco y Puebla. Entre estas 5 Entidades concentraban a 4 millones 125 mil 611 adultos mayores.

En nuestro país hasta la primera mitad del siglo pasado se relegó el tema de los derechos sociales de las personas en edad avanzada, no solamente por ser ésta la etapa en que más violaciones a los derechos humanos ocurrieron, sino porque la evolución de políticas orientadas a la promoción de las actividades de las personas adultas mayores fue nula.

Es hasta el presente siglo cuando el país toma conciencia del abandono de las personas adultas mayores y surge el interés por dirigir políticas nacionales concordantes con los acuerdos internacionales vigentes, para diseñar estrategias de información y educación en los temas de su competencia conforme al espíritu garante de los artículos 1 y 4 de la de la Ley Fundamental.

Es así que el 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultos mayores. El artículo 14 del referido ordenamiento señala que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para: determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley; desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. Este dispositivo legal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de noviembre de 2016.

Pese a que el artículo anterior señala atribuciones a nuestra Entidad Federativa y a los Municipios del Estado para realizar acciones en este rubro, la falta de apoyo concreto por parte de los sectores públicos y la carencia de coordinación de autoridades de nuestra entidad en la materia, es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los Adultos Mayores de nuestro Estado; esto pese a que en nuestra Entidad Federativa hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes y que Puebla es la cuarta entidad con más adultos mayores.

Así como el hecho de que la Ley de Protección a las Personas Adultos para el Estado de Puebla carece de la precisión de concurrencias del Estado y del Municipio con la Federación, es decir, falta delimitar los objetivos y acciones a seguir de manera concurrente por la federación el estado y los Municipios.

En razón de lo anterior se considera necesario adicionar un capítulo a la Ley de Protección a las Personas Adultas para el Estado de Puebla, al que se le denominará “de la Concurrencia entre el Estado y los Municipios con la Federación”, capitulo que se compondrá de cuatro artículos en los que se precise la concurrencia de la Federación, con el Estado y los Ayuntamientos para: determinar políticas, ejecuten, den seguimiento y evalúen sus programas; desarrollen mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y promuevan la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.